Más de seis de cada diez empleados públicos superan los 50 años
El envejecimiento “acelerado” y la temporalidad condicionan la Administración
El envejecimiento y la elevada temporalidad son dos fenómenos, agravados con las restricciones presupuestarias de la crisis económica, que están afectando de lleno al colectivo de empleados públicos. Este “envejecimiento acelerado”, advierten en el informe sobre empleo público de Esade y el Instituto de Estudios Económicos presentado ayer, “puede dañar el buen funcionamiento de las administraciones públicas y reducir su capacidad innovadora, vinculada a la presencia de personal joven”.
De hecho, el estudio refleja cómo se ha invertido la proporción entre los más jóvenes y los mayores, hasta el punto de que los trabajadores de la Administración con más de 60 años superan a los que no han alcanzado la treintena. Y el 63% de los funcionarios y otros asalariados públicos ya han rebasado los 50 años, tal y como explicaron ayer los autores del informe.
¿Por qué se ha acentuado este proceso? A partir del 2010, la estructura de edad de la Administración quedó afectada por la marcha de trabajadores de carácter temporal (normalmente, los más jóvenes) y la congelación en la reposición de bajas y jubilaciones. Aunque, precisamente después del ajuste de asalariados temporales e interinos por las medidas de austeridad, volvió a aumentar la tasa de temporalidad entre los asalariados del ámbito público a partir del 2013. Con un porcentaje de trabajadores temporales del 25% (en el 2015), Polonia es el único país de la UE que supera este nivel. Una situación además “artificial”, ya que “en muchos casos, los empleados públicos interinos o contratados temporales están llevando a cabo tareas propias de personal fijo”. El informe de Esade defiende también que el recurso de la temporalidad “provoca claros efectos negativos sobre el mérito” como valor para acceder al empleo público.
Al tiempo, advierten del riesgo de descapitalización por el envejecimiento de la plantilla y llama a aprovechar el proceso “masivo” de jubilación que vivirá la Administración en los próximos años.
El estudio concluye además que las medidas de recorte no partieron de un plan para “ajustar y redimensionar el empleo por sectores, sino que fueron medidas temporales exclusivamente orientadas a reducir el gasto público”. El martes, el Ministerio de Hacienda y Función Pública informó a los sindicatos de que este año crecerá la oferta de empleo público, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en educación, sanidad y justicia.
Ante esta radiografía del empleo público, ofrecen recetas para mejorar la eficiencia y el servicio de un colectivo que, en línea con la media de la OCDE, se acerca
a los tres millones de asalariados y cuyos sueldos representan en torno al 11% del PIB en España. Los autores El empleo público en España: desafíos de un estado
democrático más eficaz se muestran partidarios, por ejemplo, de crear puestos de trabajo en la Administración por “tiempo limitado y sometidos a la relación estatutaria”. Justamente uno de los pocos puntos en los que coincidió el comité de expertos encargado de analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre interinos fue en la limitación temporal de este tipo de contrato de sustitución , mientras el titular de la plaza de funcionario está de baja o en excedencia.
El trabajo sobre el empleo público, firmado por Carlos Losada, Adrià Albareda, Francisco Longo y Manuel Férez, apuesta por otras medidas de flexibilidad como la creación o conversión de puestos de jornada completa a otros de 4, 5 o 6 horas. Una “diversificación” de los horarios para distintas necesidades de servicio público y otras modalidades de organización del trabajo con las que “permitir una mejor adaptación a la demanda de servicios y un uso más eficiente del equipamiento y la tecnología”. También apuntan a cambios para favorecer la salida de la Administración de “personas con comportamientos disfuncionales”.
En todo caso, recalcan que deben quedar fuera de estas medidas de flexibilización “puestos de trabajo donde la necesidad de protección del empleado público ante la potencial arbitrariedad política sea un riesgo real”.
Expertos apuestan por la flexibilidad, contratos por tiempo determinado y jornadas más reducidas