Las eléctricas ganan el pulso
El gobierno municipal presentará un recurso contencioso administrativo contra la anulación de la licitación del contrato
El Ayuntamiento barcelonés deberá repetir el concurso de suministro eléctrico después de que un juez haya considerado que las cláusulas que exigían a las empresas participantes un compromiso activo con la pobreza energética no se ajustan a la ley, tal como defendían Gas Natural y Endesa.
El concurso de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona vuelve a la casilla de salida. Tras la anulación dictada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el gobierno municipal ha anunciado que volverá a convocar el concurso con un nuevo pliego de condiciones ajustado a la ley que mantenga el espíritu de las cláusulas sociales sobre pobreza energética que provocaron el recurso de Endesa y Gas Natural.
El gobierno municipal explicó ayer que ha creado un grupo de trabajo conjunto con la Conselleria d’Empresa para redactar los nuevos pliegos. “Contamos con el consenso de todas las administraciones para establecer medidas efectivas contra la pobreza energética”, valoró el concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia, remitiéndose a la ley 24/2015 aprobada por el Parlament de Catalunya. La legislación autonómica trataba de trasladarse al concurso municipal con la incorporación de un protocolo de coresponsabilidad que permitiría sancionar a las empresas adjudicatarias en caso de incumplir lo acordado.
El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el fallo del tribunal administrativo en el que se defenderá la inclusión de cláusulas sociales en la contratación eléctrica amparándose bajo la ley 24/2015.
El recurso es una medida más por orgullo que por otra cosa. A efectos prácticos, aunque el gobierno de Colau está convencido de que el proceso de contratación cumple la legalidad, no tiene más remedio que iniciar el procedimiento para tirar adelante un nuevo concurso, ya que el dictamen del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es firme. Fuentes municipales reconocen que se esperaban el fallo del tribunal administrativo, así que ya llevan unas semanas trabajando en la redacción de los nuevos pliegos.
La base ideológica es el contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que recoge las obligaciones de cumplir la ley 24/2015 de pobreza energética, pero adaptado a las particularidades de Barcelona. El equipo de Colau insiste en dividir en tres lotes el servicio para favorecer la concurrencia de más empresas y facilitarle las cosas a las pequeñas comercializadoras. “Queremos que las empresas con más sensibilidad social trabajen con el Ayuntamiento”, dijo Badia, tras indicar que el concurso anulado –valorado en 65 millones de euros– ha sido el que había conseguido un mayor número de ofertas presentadas.
Endesa y Gas Natural no se presentaron al concurso anulado porque consideraban discriminatorio el protocolo de corresponsabilidad en los casos de pobreza
Un contrato puente garantizará el suministro energético hasta que se adjudique la nueva licitación
energética. La alcaldesa Colau, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: “Podrán ganar tiempo, pero iremos hasta el final, conseguiremos que las eléctricas cumplan la ley contra la pobreza energética”.
El contrato vigente finaliza el 25 de marzo y ya no caben más prórrogas. La única salida temporal para garantizar el suministro eléctrico es un concurso puente. Se trata de un apaño temporal, valorado en ocho millones de euros, con una duración de tres meses prorrogable a tres más. Las empresas del sector podrán presentar sus ofertas durante las próximas dos semanas y la subasta se resolverá antes de final de mes.
Tanto para el concurso puente como para la adjudicación definitiva, Eloi Badia instó a las grandes empresas a “dejar de ser parte del problema y pasar a formar parte de la solución”. El contrato pendiente de redactar mantendrá la obligación atenerse a las cláusulas sociales, con referencias explícitas y claras al cumplimiento de la ley de pobreza energética.