El Consejo de Europa cuestiona la reforma del TC
La Comisión de Venecia, órgano consultivo, aconseja que el tribunal no ejecute sus propias sentencias El dictamen también recuerda que las resoluciones constitucionales tienen que ser respetadas
El Consejo de Europa observa con preocupación la reforma del Tribunal Constitucional (TC) acometida por el gobierno del PP en 2015, con la clara intención de frenar el proceso independentista en Catalunya. Las modificaciones introducidas por las Cortes Generales en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, atribuyen a dicho estamento la potestad de sancionar a quienes no cumplan sus sentencias.
El órgano consultivo del Consejo de Europa “no recomienda atribuir tales competencias al Tribunal Constitucional”, aunque concluye que, “a la luz de la ausencia de normas europeas comunes en este ámbito, la introducción de tales poderes no contradice estas normas.”
Según su opinión no vinculante, aprobada el viernes en Venecia y difundida ayer parcialmente, España “debería reconsiderar” el hecho de que el TC ejecute sus propias sentencias con el objetivo de preservar su imagen de “árbitro neutral”. El Ministerio de Justicia emitió ayer un comunicado en que consideró que con su dictamen, la Comisión de Venecia, “avala” la reforma llevada a cabo por el Gobierno español.
La opinión de la Comisión de Venecia fue requerida el año pasado por la Comisión de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que a su vez había recibido una queja tras la reforma gubernamental.
Cabe recordar que los grupos de la oposición, y en particular, el PSOE plantearon un recurso contra la decisión del Gobierno para atribuir al tribunal potestad sancionadora. El recurso fue rechazado por el propio Constitucional que acabó considerando –con los votos contrarios de los magistrados progresistas– que la iniciativa del ejecutivo de Mariano Rajoy se ajustaba a derecho.
Y en este punto la Comisión de Venecia le da la razón al Gobierno cuando recuerda que las sentencias de los tribunales constitucionales tienen un carácter definitivo y vinculante y que deben ser respetadas por todos los organismos públicos e individuos. Hacer caso omiso “equivale a desatender la Constitución y el Poder Constituyente”.
Lo que pone en tela de juicio el dictamen, es si las nuevas atribuciones otorgadas al TC son el medio adecuado para alcanzar un objetivo legítimo. La comisión considera que la responsabilidad del Tribunal Constitucional de contribuir a la ejecución de sus propias decisiones “es la excepción” ya que esta tarea suele atribuirse a otros poderes del Estado.
El punto más polémico de la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es la posibilidad de suspender en sus funciones a un cargo público. En este sentido la comisión sugiere que “debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como árbitro neutral, como juez de las leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de oficio, sino sólo a petición de las partes”.
A la comisión le preocupa que el TC se vea en la tesitura de tener que tomar medidas de ejecución en una situación en la que ya esté enfrentando una negativa a ejecutar sus sentencias. “La negativa a seguir también las medidas de ejecución podría cuestionar la autoridad del tribunal y, a su vez, la de la propia Constitución”, advierte. Y si ese
El dictamen sugiere a España que reconsidere atribuir al tribunal poderes para hacer cumplir sus sentencias
fuese el caso, considera que deberían intervenir otros órganos estatales para defender la Constitución y el TC.
Por todo ello, la Comisión de Venecia, en su 110ª sesión plenaria celebrada en Venecia del 10 al 11 de marzo concluye que “la atribución del poder de ejecución de sus decisiones al TC puede parecer un aumento de poder a primera vista. Sin embargo, la división de competencias, de sentenciar, por un lado, y de ejecutar por otro, fortalece el sistema de controles y equilibrios en su conjunto y, finalmente, también la independencia del Tribunal Constitucional”.
Por todo ello la comisión dictamina que el Gobierno español “debe mejorar algunas enmiendas a la Ley Orgánica de su Tribunal Constitucional”.