“La democracia no consiste en votar sobre todo y cuando uno quiera”
FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS Presidente del Tribunal Constitucional
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, afirma que “la democracia no consiste en votar sobre todo y cuando una quiera”. Con ello responde a la tesis de que no se puede sancionar a nadie por poner las urnas. Pérez de los Cobos analiza en esta entrevista los tres años largos de su mandato, próximo a concluir.
¿Con qué animo deja el TC, diría que misión cumplida?
Me voy satisfecho por el cumplimiento de la responsabilidad ejercida. En estos años, que no han sido fáciles por la crisis económica y política, el TC ha hecho un buen trabajo. Hemos reducido de forma significativa los asuntos pendientes de sentencia del pleno: si en junio de 2013 eran 331, hoy son 144. Esto significa que el próximo Tribunal puede ponerse al día, lo que sería ciertamente insólito en su historia. Por otro lado, creo que la imagen pública del Tribunal ha mejorado significativamente, en buena medida por las amplias mayorías conseguidas, cuando no unanimidades, en los asuntos de calado, lo que ha procurado resoluciones ponderadas y de buena factura jurídica.
¿Si fuera legalmente posible, habría preferido seguir?
Cuando se ha ejercido durante casi cuatro años una grave responsabilidad como esta, en el contexto que además hemos vivido, la finalización del mandato constituye sinceramente un alivio.
El freno al soberanismo, ¿ha sido la principal ocupación?
La principal ocupación del tribunal, como es obvio, ha sido garantizar el cumplimiento y el respeto a la Constitución a través de los procesos de los que conoce. Esa y no otra ha sido y es nuestra tarea. El Tribunal ni ha enjuiciado ni va a enjuiciar nunca un movimiento o corriente política, pues todos caben en el marco de la Constitución. La Constitución ampara y protege a todos, comprendidos a aquellos que quieren cambiarla o finiquitarla.
¿Fue la sentencia del Estatut el origen de todos los males, el punto de quiebra de la relación entre el Estado y Catalunya?
Creo que no. Sería muy simplista hacer ese análisis. La situación problemática obedece a causas múltiples y las responsabilidades son compartidas. Ni la gestación ni el proceso de aprobación del Estatut fueron particularmente acertados y, seguramente, el retraso en el dictado de nuestra sentencia, los incidentes que acontecieron durante la tramitación del recurso y la división del Tribunal tampoco lo fueron. Respecto a la sentencia en sí muchas de las críticas que ha recibido se han formulado sin una previa lectura concienzuda y sosegada de su texto. Creo que si ésta se hiciera, podría sacársele buen partido.
¿Existe un derecho genérico a decidir? ¿O para cada finalidad hay que concretar quién y
cómo puede ejercer ese derecho? En la sentencia 42/2014, relativa a la llamada declaración soberanista, el Tribunal tuvo que pronunciarse sobre el llamado derecho a decidir. Lo hizo constatando que es una aspiración política de parte de la sociedad catalana que la Constitución no contempla, y remitió a la reforma constitucional a quienes pretendan su reconocimiento.
¿Su principal objetivo fue conseguir la unidad del TC frente al soberanismo?
He buscado que los asuntos de calado que el Tribunal ha enjuiciado se resolvieran de forma solvente en términos jurídico-constitucionales y, a ser posible, por amplias mayorías o unanimidad. El consenso legitima a la institución y, por ello, es
LA REIVINDICACIÓN “El derecho a decidir es una aspiración de parte de la sociedad catalana”
EL REPARTO DE TAREAS “No debo enjuiciar lo que han hecho otros frente al soberanismo; el TC ha cumplido”
EL ORIGEN DEL CONFLICTO “Ni la gestación ni el proceso de elaboración del Estatut fueron acertados”
LA ALTERNATIVA “Hay que remitir a la reforma constitucional a quienes reclaman el derecho a decidir”
fundamental alcanzarlo siempre que se pueda. Desde luego, las sentencias a las que alude tenían y tienen para el Tribunal máxima relevancia.
¿Considera que se ha sometido al Tribunal a excesiva presión o responsabilidad frente a las iniciativas soberanistas? ¿Se ha convertido al Constitucional en el principal baluarte frente a dicha ofensiva?
En un Estado constitucional como es el nuestro, casi todos los asuntos políticos graves pueden acabar en el Tribunal Constitucional. En todo caso, el Tribunal resuelve los recursos que se le plantean por quienes están legitimados para ello y no nos corresponde enjuiciar la oportunidad del planteamiento de los recursos. Permítame que añada que el hecho de que se recurra a menudo al Tribunal, por todos aquellos que tienen derecho a hacerlo, legitima a la institución, aunque la sobrecargue de trabajo. No sólo el Gobierno central, también la Generalitat de Catalunya es un recurrente asiduo ante el Tribunal y, por cierto, a menudo exitoso.
¿Deberían jugar un papel más activo otras instituciones? ¿Debería haberlo hecho el Gobierno, por ejemplo?
No soy quién para enjuiciar la labor que corresponde a otras instituciones. Creo que el Tribunal ha cumplido con la suya y eso es lo que me importa.
Usted avaló la reforma del Tribunal que le dotó de competencias para suspender a cargos públicos. ¿No es una excesiva carga sobre el Constitucional?
Creo que la reforma se ha explicado mal y, por ello, no ha sido entendida. Las potestades que contempla son meras medidas instrumentales destinadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuya duración está acotada en el tiempo de forma tal que, una vez ejecutada la resolución de que se trate, aquéllas cesan.
¿Cree que el Tribunal podría aplicar, con estos antecedentes, las facultades de suspensión de cargos públicos o que, llegado el caso, debe operar el artículo 155 de la Constitución?
Creo que estamos ante instrumentos de muy diversa naturaleza y alcance, que la ley y la Constitución tienen previstos para circunstancias también distintas. La medida de suspensión cautelar de funciones es un instrumento dirigido exclusivamente a garantizar el cumplimiento de nuestras resoluciones. El art. 155 de la Constitución sólo está previsto para supuestos particularmente graves –cuando una Comunidad Autónoma incumpla las obligaciones que derivan de la Constitución o atente gravemente contra el interés general de España– y su activación remite al Gobierno y al Senado.
El president Puigdemont ha afirmado que los procesos por el 9-N revelan que la democracia española está enferma. ¿Ve algún síntoma de patología en el sistema democrático español?
El respeto a la Constitución y a la ley por parte de los poderes públicos atañe a la esencia misma del sistema democrático, que no es concebible al margen de la Constitución y de la ley. La democracia española, como todas, es perfectible, y ello obliga a todos, ciudadanos y poderes públicos, a un esfuerzo permanente para
garantizar la calidad del sistema.
¿Considera que el Tribunal Constitucional fue suficientemente claro en la prohibición de la consulta del 9-N? ¿Había algún resquicio para otra interpretación?
El Tribunal fue meridiano en su respuesta y, justamente por ello, no consideró necesario reiterarse. Si el Tribunal no llevó entonces a cabo apercibimiento expreso alguno fue confiando en la responsabilidad de los destinatarios de nuestra resolución.
¿Considera que existe un choque de legitimidades, la de la Constitución y la del mandato popular al Parlament de Catalunya?
No hay tal choque. La legitimidad del Parlamento de Catalunya deriva de la Constitución.
¿Cómo rebatiría la idea de que nunca debe ser perseguible el hecho de poner las urnas para
que los ciudadanos se expresen?
La democracia no consiste en votar sobre todo y cuando uno quiera. La democracia es un proceso que se produce conforme a las reglas previstas en las leyes. En nuestro sistema, los proyectos políticos que pretenden modificar el orden constitucional pueden impulsarse con total libertad, pero deben impulsarse respetando las reglas que tutelan los derechos de todos, de los que comparten esos proyectos y de los que discrepan de ellos. Thomas Mann decía que en el respeto a las formas se halla el fundamento de la civilización europea, el respeto a las formas es lo que define el Estado de Derecho.
¿Qué consecuencias cree usted que tendrá para Catalunya esta etapa de tensiones políticas? ¿Considera que puede producirse un efecto bumerán, que conduzca a una regresión en el autogobierno?
Espero y deseo que la situación se reconduzca, que primen el buen sentido y la capacidad de diálogo de nuestros responsables públicos, a los que, creo, debemos exigírselos, como debemos asimismo exigirles respeto a la Constitución y a la ley, que son presupuestos inexcusables del diálogo político en democracia. El acuerdo, el compromiso requieren de más coraje y más valor que el conflicto, que siempre tiene algo de primario. En todo caso, estoy persuadido de que el conflicto no conviene a nadie.
A la vista de la evolución de Catalunya, ¿cree que fue un error la decisión de extender el proceso autonómico, el café para todos?
Hacer juicios a posteriori de los procesos históricos es siempre arriesgado. Pero me temo que el hecho de no haber definido en la Constitución el modelo de Estado y el hecho de haber dilatado en el tiempo su proceso de formación y conformación, no han sido un acierto. Creo que la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que contiene el Título VIII de la Constitución ha resultado muy problemática y ha exigido un excesivo protagonismo del Tribunal Constitucional en la definición del modelo. Por esa razón, creo que será deseable una reforma del Título VIII que clarifique el modelo de distribución territorial del poder y prevea mecanismos que lo hagan menos conflictual.
La reforma de la Constitución, ¿puede llevar alguna conclusión útil? ¿Tiene alguna esperanza puesta en ello?
Yo me he manifestado a favor de una reforma constitucional, aunque no sé si el segmentado escenario político actual es el más propicio para abordarla. El debate sobre la reforma constitucional debiera ser sosegado y limitado a aquellos aspectos en los que la reforma es necesaria. Aquellas reformas políticas que puedan llevarse a cabo a través de meras reformas legales, deben acometerse por esta vía, sin pretender constitucionalizarlo todo. De otra parte, aunque vivimos en un contexto político, social y económico muy distinto del de 1978, el objetivo de la reforma debiera ser alcanzar un nivel de consenso similar al de entonces.
¿Considera viable una reforma que dé a Catalunya un trato diferenciado y singular? ¿Cree posible que Catalunya tenga una relación bilateral con el Estado?
Los Estados complejos basados en el principio de distribución territorial del poder se traducen en relaciones múltiples, multilaterales y bilaterales, que no se excluyen sino que se complementan.
¿Lamenta dejar el Tribunal sin que se hayan resuelto los diversos recursos interpuestos en materia lingüística?
Con el propósito de contemplar la cuestión lingüística de una forma integral, introduje hace unos meses en el orden del día varios recursos relativos a esta materia. Mi idea era abordar el asunto en toda su complejidad y dar una respuesta global y equilibrada, y en ello estamos. El Tribunal es bien consciente de la trascendencia de la lengua propia en las Comunidades Autónomas bilingües y quisiera ofrecer pautas que permitan una solución ecuánime que garantice los derechos de todos.
LAS NOTIFICACIONES “El TC fue muy claro el 9-N, y no apercibió a la Generalitat por confiar en su responsabilidad”
LA CARTA MAGNA “Estoy a favor de una reforma constitucional aunque no sé si el escenario es propicio”
LAS NUEVAS COMPETENCIAS “La capacidad del TC para suspender a cargos públicos es una medida instrumental”
LA SUSPENSIÓN “El artículo 155 de la Constitución sólo está previsto para supuestos muy graves”
LAS IMPUGNACIONES “La Generalitat es un recurrente asiduo ante el Tribunal, y a menudo exitoso”