Justicia para los torturados en Siria
Supervivientes refugiados en Alemania piden a la Fiscalía Federal que investigue a altos cargos del régimen de El Asad
Los ataques a la población, los bombardeos indiscriminados, y el acoso y asesinato de civiles forman parte del terrible abanico de crímenes que vienen cometiendo en Siria, en distinto grado, casi todos los diferentes bandos enfrentados desde el inicio de la guerra civil en el 2011. En ese escenario de horror, la tortura sistemática de quienes se oponen al régimen del presidente Bashar el Asad clama a gritos el auxilio internacional. En Alemania, siete supervivientes de suplicios practicados en prisiones gubernamentales en Siria, ahora refugiados en este país, han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Federal contra varios altos cargos del régimen sirio, invocando la justicia universal para que puedan ser perseguidos.
“Si la comunidad internacional habla sólo de una solución política para la guerra en Siria, y no habla de justicia, se está animando a los criminales a seguir cometiendo crímenes, porque creen que con una solución política podrán eludir el castigo”, arguye Anwar al Bunni, uno de los dos abogados sirios –que también sufrieron torturas– que llevan el caso. La denuncia se presentó el pasado día 1 y fue secundada por el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr, por sus siglas en inglés), una oenegé con sede en Berlín; y por la Fundación Heinrich Böll, ligada al partido Alianza 90/Los Verdes.
La denuncia penal se basa en el testimonio de doce testigos –siete de los cuales son a su vez querellantes, y entre ellos hay mujeres–, cuyos nombres se guardan en secreto, pues la mayoría tiene parientes en Siria y teme que sufran represalias. Todos ellos fueron detenidos por ir a manifestaciones, distribuir o escribir folletos, o participar en actividades políticas de la oposición. Y todos sobrevivieron a torturas, o las presenciaron, en tres cárceles del Servicio de Inteligencia Militar en Damasco entre octubre del 2011 –es decir, siete meses después del inicio de las protestas populares contra El Asad– y julio del 2015.
Los promotores de la iniciativa aspiran a que la Fiscalía alemana investigue a seis sospechosos sirios identificados, y a que se emitan las correspondientes órdenes internacionales de detención. La denuncia argumenta que de ellos partían las órdenes para que sus subordinados ejecutaran atrocidades tipificables como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
“Las violaciones de derechos humanos de El Asad permanecen sin consecuencias, y las posturas de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU conducen a la ONU a la impotencia; pero nosotros creemos que es necesario intentar hacer algo”, sostiene Antonie Nord, responsable del área de Oriente Medio y norte de África de la Fundación Heinrich Böll. Hay escasas posibilidades de perseguir a los perpetradores a nivel internacional, pues Siria no es país signatario de la Corte Penal Internacional, y Rusia emplea su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear toda iniciativa contra su aliado sirio. Pero según el principio de jurisdicción universal –el que permitió en 1998 al juez Baltasar Garzón ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet– es factible que terceros países encausen a los perpetradores.
“Quizá algún día veamos un tribunal penal internacional para Siria, no hay que darlo por imposible, pero por el momento la única posibilidad es la aplicación de la ley en terceros países”, dice el abogado Wolfgang Kaleck, secretario general del Ecchr. Kaleck, que reclama un “seguimiento sistemático del régimen torturador de El Asad para que entiendan que no quedarán impunes”, confía en que la Fiscalía Federal alemana indique “relativamente pronto” –esto es, antes del verano– si admite la denuncia, admisión que él ve muy probable.
“Con esta denuncia intentamos también proteger a la sociedad siria de la venganza, un riesgo que existe cuando no se aplican los mecanismos de la justicia –señaló Mazen Darwish, el otro abogado sirio de la iniciativa–; y asegurar el futuro, porque yo quiero regresar algún día a mi país, pero si la guerra acaba y los criminales continúan allí, no habrá seguridad, y ni yo ni muchas víctimas querremos volver”. Tanto Darwish como el otro letrado sirio, Anwar al Bunni, sostienen que la impunidad con que el régimen de El Asad sigue cometiendo atrocidades constituye un incentivo para que grupos yihadistas como Estado Islámico (EI) o el Frente Al Nusra continúen también perpetrando violencia en la zona.
Ambos abogados se mostraron totalmente decepcionados por las dos rondas de conversaciones de paz de Ginebra, así como por la de Viena. “Son una forma de pasar el tiempo sin voluntad real de solucionar el conflicto –se dolió Darwish–, cuando el tiempo tiene un coste en sangre en Siria y es imperativo parar la guerra cuanto antes”.
“Intentamos proteger a la sociedad siria de la venganza”, dice un abogado sirio del uso de la justicia universal