El TSJC sugiere al juez del 3% que pida al Govern la agenda oficial de Gordó
La Fiscalía prepara otro informe para pedir al Tribunal que se investigue al aforado
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) no rechazó de plano investigar al que fue responsable de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y hoy diputado, Germà Gordó. El alto tribunal, ante la exposición motivada enviada por el magistrado en diciembre le dijo que siguiera investigando y le sugirió un par de diligencias para sustentar mejor las sospechas que ya tenían contra el político. Una especialmente interesante: “Reclamar las diversas agendas oficiales que el aforado haya podido tener”.
En el auto de 20 folios del pasado 11 de enero el TSJC señaló que “en este momento no cabe actuar contra el diputado”. Pero de eso hace ya dos meses y fue antes de las últimas 17 detenciones. Los magistrados del alto tribunal no cerraron de un portazo la posibilidad de una investigación sobre Gordó ante el aluvión de indicios que les presentaron y que esta semana se han hecho públicos. El alto tribunal se limitó a sugerir que siguieran las indagaciones, entre ellas que reclamara la agenda oficial del dirigente aforado. Las notas deberían recoger toda su actividad oficial entre el 2010 y el 2012, en los que Gordó fue secretario del Govern, y hasta el 2016, en que fue conseller de Justicia.
La propuesta del TSJC sigue sobre la mesa del titular del juzgado número uno de El Vendrell que junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil dirige la causa del 3%. En estos días, el juez decidirá si pide a la Generalitat la agenda de Gordó antes de presentar al TSJC una nueva petición para investigar al convergente. De hecho la Fiscalía ya está preparando un nuevo informa para pedir que el Alto Tribunal catalán asuma la investigación de Gordó, protegido hasta la fecha por ser parlamentario y aforado.
En alguno de los múltiples informes del abultado sumario, que el jueves dejó de ser secreto en buena parte, figura un escrito de la Guardia Civil calificando de “obscenas” las reuniones que Gordó mantuvo en su despacho del Palau de la Generalitat con algunos de los implicados en esta trama que versa sobre la presunta financiación irregular del partido que durante años fue hegemónico en Catalunya. “No existe ninguna explicación legal y coherente que justifique la gran cantidad de gestiones, comidas, mediaciones y reuniones” que el político celebró con empresarios, apunta Anticorrupción en un escrito. La posibilidad de cruzar la agendas –como ha hecho la Guardia Civil con la de otros imputados– es clave para verificar el grado de implicación del diputado convergente.
Por el momento el juez ya ha constatado que la figura del todopoderoso Gordó está presente en todas las gestiones que los investigadores han reconstruido sobre la licitación de cinco trabajos millonarios en Barcelona.
Se trata de obras en escuelas municipales, adjudicadas a Copisa, por 5,5 millones de euros en el 2012. Obras en el Port de Barcelona, adjudicadas en el 2012 a una UTE formada por Copisa, Benito Arnó i Fills y Comsa por 39,6 millones. Trabajos en la C-55 asignados a la empresa Pasquina. La reforma del instituto Lluís Peguera de Manresa, que de otorgó a Oproler y el grupo Soler por 2,7 millones. Y la obra de todas las obras, la que no hay barcelonés o visitante que en algún momento se haya quedado atrapado: la plaza de les Glòries.
Bimsa, la principal empresa adLas judicataria del Ayuntamiento de de Barcelona, la confió a una UTE integrada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills, por 49,7 millones. Anticorrupción asegura en un informe que la UTE ganadora carecía de capacidad técnica para asumir esa obra. Y culpa de la decisión de adjudicar este trabajo a Gordó y al exregidor de Urbanismo, Antoni Vives, (también imputado y que ayer negó cualquier relación con las acusaciones que se formulan contra él en el sumario) así como de los retrasos sufridos y del sobrecoste de la obra que fiscalía cifra en un 50%.
Con todos estos datos, el juez Bosch solicitó en diciembre al TSJC investigar a Gordó porque consideraba que en ese momento de la instrucción ya había reunido abundantes pruebas sobre su función en la recaudación de fondos a cambio de obra pública.
En su escrito razonado al TSJC Bosch presentó un esquema de los encuentros entre el que fuera tesorero de CDC, Andreu Viloca, con los responsables de las licitadoras, los empresarios bajo sospecha; y Gordó y Francesc Sánchez. donaciones coincidían en el tiempo con la licitación y la adjudicación de las obras.
Pero a los miembros del TSJC les parecieron pocas las pruebas. Y además de la agenda de Gordó, propuso al magistrado que “confirmara” con los propietarios de las otras agendas la veracidad de las citas. Quizás los tres jueces de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC olvidaban que los dueños de esas agendas están imputados y difícilmente declararían sobre una causa que en ese momento seguía en secreto. Aún así, en febrero, tras la última tanda de detenciones ordenadas, como todas por la Fiscalía Anticorrupción, algunos de los imputados fueron citados por Bosch en su despacho del juzgado de El Vendrell. Y a todos se les preguntó si reconocían como suyas las anotaciones en el contexto de una causa abierta para la posible investigación de Germà Gordó. Como era de esperar, ninguno de los investigados respondió y algunos pidieron al juez que les repitiera la pregunta. “¿Ha dicho Gordó? ¿Germà Gordó?”, insistió uno de ellos.
Dada su condición de diputado, Gordó está protegido por la ley El TSJC ya instó en enero al juez de El Vendrell a que investigase más Antoni Vives niega cualquier irregularidad que se le pueda atribuir