La continuidad de Rigau como diputada, en el aire

ayer, mientras tanto, la notificación de la sentencia del TSJC, que tuvieron que firmar. Artur Mas lo hizo en su oficina de expresidente de la Generalitat, desde donde reafirmó su voluntad de llevar el caso “hasta el final”, hasta Estrasburgo, después de declarar en RAC 1 que consideraba que “el soberanismo tiene que saber aprovechar que por primera vez un gobierno elegido democráticamente sea en parte inhabilitado”. Joana Ortega la recibió en su domicilio particular. E Irene Rigau la firmó, junto a una de las urnas del 9-N, en el Parlament, acompañada de la presidenta Carme Forcadell, los diputados de su grupo, Junts pel Sí, y representantes de la CUP y Catalunya Sí que es Pot.

La exconsellera de Ensenyament es de los tres, precisamente, la única que tiene cargo público, como diputada en el Parlament. Un escaño que, a pesar de que el artículo 6.4 de la ley electoral –la Loreg– dice que “las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad” –lo que implicaría la aplicación inmediata, sin necesidad de que existiera sentencia firme–, no tiene intención de dejar mientras la sentencia, justamente, no sea firme, según reafirmó ella misma, en todo caso de acuerdo con el reglamento del Parlament, que, en su artículo 24.e, establece que una de las causas de la pérdida de la condición de diputado es “la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme”. Con todos estos inmodos, gredientes, el debate político sobre la conveniencia de que, en tanto que cargo público, tenga que dejar el puesto, y cuándo, está sobre la mesa. En Junts pel Sí, según su portavoz adjunto, Roger Torrent, “nadie se ha planteado que deje su escaño por sentencias ligadas a poner las urnas”. Y el Govern también entiende que “hay una carga muy importante desde el punto de vista democrático a la hora de hablar de su inhabilitación”, advirtió la consellera de Presidència, que recordó que la propia Irene Rigau “ha dicho que era una cuestión no sólo personal, sino que traspasaba esta vertiente y que el tema se abordaría cuando toque”, sin llegar a aclarar, de todos si cuando la sentencia sea firme dejará o no el escaño.

El criterio judicial no ofrece dudas, pero desde el punto de vista político el bloque soberanista siempre ha defendido que a los cargos electos sólo los puede inhabilitar la gente que los eligió y no los tribunales. Es la tesis que utilizó el mismo Govern con motivo de la investigación a la presidenta del Parlament y es la que ahora vuelve a estar en primer plano a raíz de la condena de la exconsellera de Ensenyament, y habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar en este punto. Y por ello Irene Rigau sostiene que es una decisión que no le afecta sólo a ella, sino a todo el independentismo.