Recurso del fiscal para que el TS condene a Mas por prevaricación
El recurso solicita la condena también por prevaricación
En vísperas de conocerse la sentencia contra Francesc Homs por el 9-N, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo a fin de que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau sean también condenados por prevaricación por la celebración de la consulta, lo que aumentaría notablemente la penas de inhabilitación.
El pasado lunes, el TSJC hizo pública su sentencia por la que condenaba a dos años de inhabilitación a Mas, 21 meses a Ortega y 18 a Rigau por desobediencia al Tribunal Constitucional. En sus conclusiones, la Fiscalía solicitaba diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, porque consideraba que los tres, además, habían cometido un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta), que incrementaba notablemente la penalidad.
En la sentencia, el TSJC descartaba la existencia de la prevaricación porque, aunque los tres omitieron las acciones que les incumbían y que eran necesarias para la suspensión de la jornada, llevaron a cabo “una resolución administrativa tácita, no explicitada” que no era superior en sí a la misma desobediencia, lo que les conducía a razonar que no se les podía condenar por el mismo acto, no hacer caso al TC, dos veces.
La Fiscalía del TSJC está en desacuerdo y piensa que existen dos delitos por separado, y por eso, y en coherencia con lo mantenido en el juicio contra Francesc Homs en Madrid, ha decidido presentar un recurso, tal como informó ayer, que de ser estimado supondría un apreciable incremento de la pena para Mas, Ortega y Rigau.
En la Fiscalía General se estimaba necesario recurrir la sentencia de TSJC no sólo por coherencia con las posiciones defendidas por los fiscales durante los dos juicios del 9-N –el primero contra Mas, Ortega y Rigau, y el segundo contra Homs en Madrid–, sino ante la posibilidad de que el Supremo aprecie la existencia de un delito de prevaricación, además de la desobediencia. A este respecto se afirma en medios del Supremo que la Sala Penal está deliberando con intensidad sobre la concurrencia o no de ambas figuras delictivas.
El fiscal encargado del caso en el Supremo, Jaime Moreno, consideró probados los dos delitos y puso el mismo énfasis en argumentar sobre la desobediencia que en apreciar prevaricación. Para sostener la segunda acusación dio especial valor a la carta que Homs envió a la empresa T-Systems en respuesta a la pregunta que esta sociedad formuló sobre la continuidad de los trabajos de preparación para el 9-N en el terreno informático, cuando el Tribunal Constitucional (TC) ya había suspendido la consulta. El exconseller de Presidència contestó que no había obstáculos y que podían proseguir dichas tareas. Lo que se discute ahora entre los siete magistrados de la Sala Penal del Supremo que celebró el juicio es si dicha carta supone o no un acto administrativo; si una carta como la descrita puede considerarse una resolución. La defensa afirmó que la comunicación de Homs fue en realidad de naturaleza comercial, para recordarle a dicha empresa sus obligaciones y compromisos con la Generalitat.
El Supremo ultima la sentencia de Homs y valora una carta suya para que siguieran los preparativos del 9-N