El despotismo democrático

La dictadura es un sistema político en el que un poder absoluto impone por la fuerza sus mandatos a todos los ciudadanos, pese a carecer de legitimidad de origen y de control de ejercicio. El despotismo democrático consiste en idéntica voluntad de dominio absoluto por parte de un poder que cuenta con legitimidad de origen y control de ejercicio, pero que está dispuesto a imponer su voluntad a todos los ciudadanos sin respetar los derechos de las minorías, forzando para ello la interpretación de las normas jurídicas –que desprecia con arrogancia–, haciendo uso de la simulación y el engaño –que justifica con jactancia–, ocultando sus procedimientos con astucia –que celebra con alarde– y despreciando a sus oponentes con la descalificación y el insulto –que justifica en aras de un bien que tiene por superior–.

Esta actitud dictatorial puede darse en democracias consolidadas. Así lo anticipó Alexis de Tocqueville en La democracia en América, cuando alertó acerca del poder absoluto de la mayoría. Único poder de derecho, la mayoría es también un inmenso poder de hecho y de opinión. En Estados Unidos –escribe Tocqueville– “cuando un hombre o un partido padece una injusticia (…), ¿a quién queréis que se dirija? ¿A la opinión pública? Es ella la que forma la mayoría. ¿Al cuerpo legislativo? Representa la mayoría y le obedece ciegamente. ¿Al poder ejecutivo? Es nombrado por la mayoría y le sirve de instrumento pasivo. ¿A la fuerza pública? La fuerza pública no es otra cosa que la mayoría bajo las armas. ¿Al jurado? El jurado es la mayoría revestida del derecho a pronunciar sentencias (…). Por inicua o irrazonable que sea la medida que os afecte, no tendréis, pues, más remedio que someteros a ella”.

¿Cuál es la raíz de este despotismo democrático? La convicción de que, más allá de la ventaja que le otorga un resultado electoral concreto, existe una profunda razón de fondo que justifica y explica su voluntad hegemónica. Esta razón consiste en un plus de legitimidad previo y anterior al propio sistema democrático, que surge del arcano de la historia y se manifiesta y expresa en la defensa cerrada de ciertas singularidades identitarias (como raza, religión, lengua, cultura…) o de unos intereses concretos (territoriales, de clase…). Estos posicionamientos particularistas niegan la igualdad de todos los ciudadanos y destacan la preferencia de un grupo para decidir el destino de todos. Es decir, hacen caso omiso de “la igualdad de las condiciones”, que Tocqueville –fascinado por ella– consideró como “hecho generador” de la democracia. Por ello, para que la democracia se consolide y perdure, el Estado democrático ha de fundarse en la ley que a todos iguala, tanto por los derechos que consagra como por los correlativos deberes que establece. En suma, la igualdad de todos decae cuando se pretende proclamar el derecho preferente de algunos. Entonces, la democracia queda reducida a un cascarón vacío.

De ahí que el cumplimiento o no por la mayoría de la ley en que se asienta la legitimidad de las instituciones existentes sea un síntoma claro para dictaminar si estamos o no ante un caso de despotismo democrático. Si la mayoría cumple la ley, no hay tal despotismo democrático. Si la incumple, lo hay. Y no vale decir que la vieja ley se sustituye por una ley nueva. El cumplimiento de la ley exige que la modificación de esta deba hacerse siempre por los métodos previstos por esta, sin que quepa cortar por lo sano y estrenar otra legalidad alternativa maquillando el fraude con unas pretendidas buenas palabras, con espurio rebozo académico, que suponen un escarnio para cuantos se oponen. La expresión “de la ley a la ley”, que hizo fortuna en la transición, exige continuidad y no ruptura. Lo que no implica, obviamente, que no se pueda romper el marco legal si así se quiere, siempre que se tengan fuerzas suficientes para ello y se esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. En cambio, sí es inadmisible apelar a los principios de la democracia para encubrir lo que no es más que una burda operación de oportunismo político, aprovechando una coyuntura estimada favorable.

Toda operación rupturista suele ir acompañada por una tenaz campaña de denigración del adversario, al que se tiene por enemigo, es decir, como alguien sobrevenido y ajeno al pretendido grupo dominante, cuyas ideas, creencias, intereses y opiniones no han de ser tenidas en cuenta por no encajar en el canon o dogma al que hay que acatar y venerar. Lo mismo da que este pretendido enemigo se caracterice por un cerrilismo a machamartillo o que pretenda llegar a un pacto o apaño buscando lo que los puros denigran como tercera vía. Es más, este posibilista es tenido por los rupturistas como su peor enemigo, por no servir, a diferencia del cerril, como coartada de la ruptura. Ante esta situación, cabe preguntarse si es inevitable el triunfo del despotismo democrático. No lo es si se practica una permanente vigilancia y una crítica incesante, fruto de una voluntad libre y de la fuerza de las ideas.

El triunfo de esta forma de gobierno no es inevitable si se practica una crítica incesante y una permanente vigilancia