Un dictamen de la UB propone una solución legal sencilla para la estiba
Bastaría con excluir de las Sagep sólo a las empresas de los otros estados de la UE
Tras la derogación del decreto sobre la estiba, la salida al conflicto por la reforma de esta actividad pasará, de un modo u otro, por cambios normativos que den cumplimiento a la sentencia europea que obliga a liberalizar su actual sistema de contratación que impide el libre establecimiento de empresas. Un dictamen de la Universitat de Barcelona propone una solución sencilla consistente en excluir únicamente a las empresas de los países de la UE, excepto a las españolas, de la obligatoriedad de inscribirse en las Sagep (sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios), de participar en su capital o de tener que contratar a trabajadores facilitados por dichas entidades. Para las de España o fuera de la Unión las cosas quedarían como están hasta que, en el periodo de dos años, se apruebe una nueva ley, ya que el reglamento europeo de servicios portuarios recién aprobado lo permite.
El documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, está firmado por el catedrático Ramon Torrent, director del Master of Laws in International Economic Law and Policy (Ielpo) de la UB y exdirector de Relaciones Económicas Internacionales en el servicio jurídico del Consejo de la UE. A su juicio, “el marco que ofrece el derecho de la Unión no obliga a un tratamiento del problema precipitado en el tiempo, ni único en cuanto a las opciones regulatorias, ni uniforme para todos los puertos”. El dictamen
El catedrático Ramon Torrent plantea un decreto con un solo artículo que reproduzca la sentencia europea
sostiene que el decreto invalidado por el Congreso parte de una “premisa errónea” al considerar que la sentencia del Tribunal de la UE de diciembre del 2014 supone que los cambios en el sistema de contratación deben aplicarse a todas las empresas. Contrariamente, asegura, sólo deben afectar “a las de otros estados miembros que deseen desarrollar dicha actividad”. Por ello, prosigue, “para dar cumplimiento a la sentencia basta con un real decreto ley de un solo artículo” que ciña las modificaciones a estas últimas.
Esta “discriminación inversa” es legal, según el dictamen, y “absolutamente habitual en el derecho económico internacional aplicable a las inversiones”. De hecho, prosigue, España la practica frecuentemente con para atraer capital extranjero. Aun así, precisa, “es muy posible que en la práctica no se produzca ni llegue a producirse jamás porque, en la realidad de los hechos y debido a las características del propio sector es muy posible que sólo las empresas españolas estén operando en los puertos españoles”.
El reglamento aprobado por el Parlamento Europeo el mes pasado por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios da cobertura jurídica a la propuesta, según Torrent. “Reducido el contenido del real decreto ley a un solo artículo que reproduzca la sentencia –explica–, no hay ninguna prisa para incorporar su contenido en un proyecto de ley que se tramite por los procedimientos normales”. Esto podrá hacerse “en el periodo de dos años que mediará entre la entrada en vigor del reglamento, el próximo 23 de marzo, y su fecha de aplicación, el 24 de marzo del 2019”.