Bommeleeër, la novela negra de Luxemburgo
Podría ser un guion del entrañable Henning Mankell, si no fuera porque la novela negra del Bommeleeër luxemburgués supera toda ficción. Son las 4 de la madrugada del 9 de noviembre de 1985. A Eugène Beffort, empleado de la empresa Dupont de Nemours, le llama la atención un coche estacionado con los faros encendidos entre la niebla junto al límite del aeropuerto Findel de Luxemburgo. Beffort se acerca al coche, distingue en su interior cables y componentes eléctricos, pero lo que más le sorprende es la identidad del ocupante del coche: es el príncipe Jean de Nassau, hermano del Gran Duque. Poco después de aquel encuentro, el radar del aeropuerto saltaba por los aires.
Entre el 23 de enero de 1984 y el 25 de marzo de 1986, en Luxemburgo se cometieron 20 atentados con bomba sin víctimas y siete robos de explosivos y material electrónico para detonarlos. Algo nunca visto en este pequeño país, paraíso fiscal y oasis europeo en paz social y violencia política. Bombas sin motivo aparente ni reivindicación; contra postes de telecomunicaciones, el radar del aeropuerto, la piscina olímpica de Kirchberg, el barrio de las instituciones europeas, con motivo de una cumbre europea, en los despachos de jueces y sedes policiales, en una planta de gas, contra el Palacio de Justicia… Atentados profesionalmente realizados, desvergonzados por su audacia. Aquella inusitada ola duró dos años y tres meses. Y dio lugar a un proceso sin precedentes, el juicio del siglo, el proceso Bommeleeër, literalmente “colocador de bombas”.
La plana mayor de la seguridad luxemburguesa y las primeras autoridades, primeros ministros, presidentes y hasta el mencionado hermanísimo príncipe Jean de Nassau, han desfilado durante años ante los tribunales en el mayor proceso de la historia judicial del país. Hay ocho imputados, todos miembros de la Brigada Móvil de la Gendarmería (BMG), un grupo compuesto por militares de élite, o mandos de ese y otros cuerpos de seguridad. Por encima de ellos se adivinan unas órdenes vinculadas al stay behind de la OTAN férreamente blindadas, pese a que los jueces han hecho su trabajo. Pues bien, este “juicio del siglo”, del que apenas se ha hablado en los medios de comunicación –lo que forma parte del blindaje– lleva suspendido desde julio del 2014.
El letrado luxemburgués Gaston Vogel, de 79 años, no es lo que se dice “un abogado socialmente comprometido”. Es el abogado más conocido del Gran Ducado. Vogel es el defensor de dos gendarmes acusados de participar en la colocación de las bombas de este extraordinario caso. Me recibe en su casa, en medio de una decoración que revela su interés por las culturas orientales. En junio del 2014, tras 177 audiencias, el juicio fue suspendido a la espera de que el juez de instrucción preparara las denuncias contra otros seis oficiales de la gendarmería. Desde entonces se está a la espera. Todos los plazos razonables se han superado y Vogel no oculta su enfado.
“Estamos ante un dossier absolutamente lamentable que viola sistemáticamente el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé que los procesos deben hacerse en plazos razonables: en este caso lo razonable se ha superado en mil veces”, dice. Mi siguiente pregunta (¿Cómo se explica esto?) desata un torrente: “Nadie está interesado en conocer la verdad. Para mí la verdad es que fueron atentados cometidos en la lógica de la guerra fría de la época por fuerzas oscuras de la OTAN, que es la cosa que más detesto del mundo, porque es gente deshonesta y sin ley, que en 1983-1984 actuaba por todas partes, en Italia, en Bélgica y otros lugares”.
Para Vogel defender que aquellos atentados fueron una iniciativa de la propia policía para que se aumentara su presupuesto, como pretende el fiscal, es “una espantosa estupidez”, “una tesis idiota”: “Para aumentar el presupuesto bastan dos o tres atentados, no veinte. La policía ya lo tenía todo cuando se produjo el último y más grave atentado, contra el aeropuerto”. “Supongamos que fueron iniciativa de los policías, en ese caso haría falta una organización, una decisión, pero nunca se ha investigado más arriba. ¿Quién les dijo a los policías que hicieran eso? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué nunca se investigó al ejército? Son los militares los que entienden de bombas y explosivos, no los policías. Estoy indignado: ¡este proceso dura desde 1989, han pasado treinta años y no hay nada! Los belgas están en la misma situación con las matanzas de Bravante. No avanzan para encontrar a los asesinos: ¿cómo van a avanzar?, ¡es la omertá! (en italiano, ‘ley del silencio’)”.
El veterano abogado confirma el “excelente” trabajo realizado por el tribunal a lo largo de las 177 audiencias. “Mi queja es contra quienes enviaron el proceso al tribunal criminal, contra la cámara del consejo (judicial): este no es un caso criminal de derecho común, es un proceso político en el que hay otros intereses cubiertos por la omertá. Lo que a mi me interesa es el gobierno de la época. No hicieron na-
Por encima de los ocho gendarmes imputados, la gran incógnita es quiénes dieron las órdenes Luxemburgo era importante en la guerra fría por su aeropuerto y su posición entre Francia y Alemania