Operación palo y zanahoria (2.ª parte)
La semana nos ha dejado un buen ejemplo de la operación palo y zanahoria que Mariano Rajoy está aplicando en Catalunya. Empezó el martes con la presentación en Barcelona del plan de infraestructuras de 4.200 millones hasta el 2020 y finalizó el viernes con el recurso ante el Tribunal Constitucional contra cualquier partida presupuestaria que pueda destinarse a un referéndum y en el que se reclama que se aperciba nada menos que a 19 altos cargos del Ejecutivo catalán de las consecuencias penales de la desobediencia.
Al Govern no le preocupó la zanahoria que presentó Rajoy. Carles Puigdemont y los suyos están convencidos de que, a estas alturas, los catalanes no se creerán las promesas del presidente del Gobierno. Oficialmente tampoco temen al palo, es decir, a los procesos judiciales, pero lo cierto es que esta vertiente inquieta a no pocos cargos políticos afectados o que pueden llegar a estarlo. Pese a la aprensión que provoca el hostigamiento judicial, los dirigentes del PDECat y de ERC no tienen otra opción que seguir adelante con el referéndum, ya que han hecho de esa meta el objetivo casi único de la legislatura.
Un dato del último sondeo del CEO, el organismo que realiza las encuestas por encargo de la Govern, se ha valorado en el Palau de la Generalitat por encima incluso del porcentaje de favorables o no a la independencia. Se trata de una pregunta incorporada por primera vez sobre el apoyo a un referéndum “convocado por el Govern y sin acuerdo con el Estado”. El 50,3% se declara a favor. Si el resultado hubiera quedado por debajo, el Ejecutivo catalán habría tenido aún más problemas para justificar su apuesta por la vía unilateral. Con ese margen, aunque escaso, considera que puede seguir el plan trazado.
Aunque la inhabilitación de Artur Mas y de tres de sus consellers no ha provocado una respuesta de indignación en la calle, Puigdemont y su predecesor esperan que Rajoy intensifique el acorralamiento al Govern y a la mayoría parlamentaria independentista de forma que se produzca una reacción popular de defensa del autogobierno. Es decir, se confía en que el palo sea lo suficientemente severo como para alentar la rebelión. En la Moncloa son conscientes de esa táctica y no se piensa en aplicar el artículo 155 (que nadie sabe exactamente cómo se concretaría), pero sí en mantener la presión judicial.
Esa estrategia de freno a través de los tribunales provoca que en el Govern ya se admita en privado que será muy difícil celebrar el referéndum, si bien no hay duda alguna de que Puigdemont lo convocará. Es más, en el PDECat existe el convencimiento de que Oriol Junqueras, a quien se delegaron los trabajos de la consulta, remolonea con los preparativos, cosa que ERC, por supuesto, niega. Existe un tira y afloja dentro del Govern sobre quiénes deben encargar qué con relación al referéndum, si determinadas órdenes han de quedar por escrito, si las decisiones deben adoptarse por acuerdo de todo el Consell Executiu... En cualquier caso, Puigdemont está decidido a que Junqueras se involucre a fondo en la misión.
Mientras, Rajoy espera que las diferencias entre los partidos independentistas se acentúen conforme afronten decisiones arriesgadas. No hay que olvidar el reciente aviso de la CUP de abandonar el Parlament para dejar en minoría al Govern si no hay referéndum antes de acabar septiembre, con las consiguientes elecciones. De momento, al Gobierno del PP le preocupa más que las zanahorias para Catalunya no levanten recelos en otras autonomías y le resten votos. De ahí que Rajoy no tardara ni un día en señalar que no habrá un trato de privilegio para los catalanes.
El Ejecutivo central está convencido de que no habrá referéndum y sí elecciones. Los populares calculan que hay un 14% de electores catalanes que llamaríamos volubles, es decir, que podrían decidirse hacia un lado u otro con apenas un movimiento en falso. De ellos, un 5% podrían calificarse de sensibles, es decir, que apostarían por un partido independentista pese a no serlo si Rajoy aplicara medidas desproporcionadas para evitar el referéndum. Y otro 9% serían votantes –simplifiquemos– asustadizos, que dejarían de votar por el secesionismo si el PP se contiene y, en cambio, el Govern se dejara arrastrar por el camino de la CUP.
Y en eso pretende seguir Rajoy, en equilibrar, a su manera, los dos ingredientes de la solución clásica del palo y la zanahoria.
El Gobierno de Rajoy calcula que hay un 14% de votantes catalanes que podríamos calificar de volubles, es decir, que podrían decidirse por uno u otro bando según la respuesta que se adopte para frenar el referéndum.