El Gobierno obra por vía de urgencia contra el referéndum
El recurso contra los presupuestos se cerró en cuatro días
El Gobierno ha actuado con la mayor celeridad posible con el fin de cerrar el paso a las disposiciones de los presupuestos de la Generalitat que contienen previsiones para la celebración de un referéndum este año en Catalunya. El proyecto de recurso se comenzó a elaborar sin que estuviera publicada la ley catalana, para tenerlo preparado y poder presentarlo en cuanto las normas aparecieran en el Butlletí Oficial. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó la solicitud de dictamen al Consejo de Estado el pasado domingo, pidiendo que se llevara a cabo con la “máxima urgencia”, y dándole de plazo hasta las 2 de la tarde del pasado jueves, para que pudiera debatirse y aprobarse en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes.
Ahora la suspensión de los preceptos recurridos depende del Tribunal Constitucional (TC), que acaba de ser renovado y no preveía celebrar un pleno de la institución hasta el próximo día 25. El nuevo presidente del TC, Juan José González Rivas, había decidido dar un plazo más o menos amplio para que los nuevos magistrados se hicieran con la agenda de los asuntos pendientes que pasan a sus manos. El paréntesis previsto, de aproximadamente un mes, va a reducirse. La impugnación del Ejecutivo marcará muy probablemente la alteración del calendario que se había manejado. Es altamente probable que el TC se reúna antes de Semana Santa para admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y dejar en suspenso las previsiones presupuestarias mencionadas hasta que falle sobre el fondo del asunto. En medios próximos al Constitucional se da por hecho que la decisión está en estudio y que mañana podría producirse una convocatoria para que la próxima semana tenga lugar un pleno específico con el fin de resolver sobre el recurso del Gobierno contra las mencionadas normas de los presupuestos de la Generalitat.
Con toda probabilidad, la admisión a trámite del recurso y la orden de suspensión que llevará aparejada se comunicarán personalmente a los miembros del Govern y de los órganos rectores del Parlament. Ha de ser el propio TC el que decida si accede a las peticiones formuladas por el Ejecutivo para que la resolución –con la consiguiente advertencia que entraña– se comunique al largo listado de personas que figuran en la petición del Gobierno. En esa relación de cargos figuran no sólo responsables políticos, sino también altos funcionarios de la Generalitat.
El TC, en todo caso, ya no quiere dejar ningún resquicio para que desde las instituciones catalanas se pueda alegar desconocimiento o falta de claridad en las instrucciones y resoluciones que se remitan a la Generalitat y al Parlament. No sólo la experiencia del 9-N ha supuesto una vacuna en este sentido. Incluso la más reciente experiencia de los juicios por desobediencia contra Mas, Ortega y Rigau, por un lado, y contra Homs, por otro, ha decidido al Constitucional a tratar de no dejar el menor cabo suelto en sus disposiciones, con el fin de evitar que se alegue esta supuesta circunstancia para no atenderlas.
La suspensión de las normas impugnadas en la ley de presupuestos de la Generalitat dará al Gobierno un respiro de cinco meses, durante los cuales quedaría muy claro que el Govern no puede mover ni un euro para destinarlo a la celebración del referéndum. Ese plazo de cinco meses es el que tiene en principio el Constitucional para resolver si, como interpreta el Gobierno, dicha normativa es abiertamente contraria a la Constitución. Cumplido ese periodo, el TC puede prolongar la suspensión si aún no ha dictado sentencia, pero debe hacerlo mediante una nueva resolución. Si su orden de suspender dichas previsiones presupuestarias fuera desoída, el Constitucional tiene ahora instrumentos para conseguir por su propia mano que su decisión se ejecute. El principal de estos nuevos instrumentos es la posibilidad de apartar de su cargo a cualquier responsable político que no atienda sus resoluciones.
El recurso del Gobierno es ahora el principal test para el TC recién renovado. El reto de la institución es mantener la unanimidad en las decisiones más relevantes. En especial, tras las fricciones que ha causado la renovación. Esta vez, el Ejecutivo no ha planteado un incidente de ejecución de sentencia, sino un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se impugna es una ley. La admisión a trámite, y la consecuente suspensión, no tardarán en llegar.
LA PREPARACIÓN El Gabinete encargó el dictamen del Consejo de Estado el pasado domingo EL SIGUIENTE PASO El Constitucional estudia anticipar su primer pleno, previsto para el 25 de abril