La amenaza latente del Castor
Tres años y medio después del alud de seísmos, el Gobierno pospone la decisión definitiva sobre el futuro del reservorio de gas submarino
Cuántos años más se seguirán pagando los 17 millones de euros anuales que cuesta mantener hibernado el Castor, cuando ha quedado demostrado que fue el causante de los temblores? ¿A quién se le repercutirán estos costes?”. Ambas preguntas fueron registradas seis meses atrás en el Senado por Carles Mulet (Compromís). La respuesta del Gobierno español, que ha llegado ahora, supedita “la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento de gas” al estudio encargado en el 2014 al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). El Ejecutivo asegura que el informe “estará previsiblemente finalizado en el primer semestre del 2017”.
Más inconcreción y nueva demora. Fue el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, quien anunció en otoño del 2014 el encargo de un estudio al MIT y otro a la Universidad de Stanford, pero sus conclusiones se han ido demorando. Sobre quién pagará el fiasco, nada nuevo: los consumidores de gas con su factura, a 30 años. “Con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista”.
El famoso estudio, que “debe analizar el complejo fenómeno de
LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
la sismicidad en el entorno del almacenamiento Castor”, se ha convertido en la justificación oficial para ir retrasando sine die el futuro del reservorio de gas. Los vecinos afectados por más de 500 seísmos, representados por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, alcaldes de la zona, como el de Alcanar (Montsià), y los ecologistas exigen su cierre definitivo y desmantelamiento.
El Ministerio de Industria sigue sin renunciar a una infraestructura considerada estratégica, por la que ha pagado una factura astronómica a través de la criticada indemnización de 1.350,7 millones por un almacén hasta el día de hoy inoperativo.
LETARGO CARO E INQUIETANTE Industria dice que hay que esperar el estudio encargado al MIT en el 2014 sobre sismicidad Mantener el almacén en hibernación cuesta 17 millones de euros cada año
En su respuesta, el Gobierno recuerda también que es Enagás, la empresa responsable de mantener el Castor en fase de hibernación, quien tiene el encargo de “completar los informes y estudios que se consideren precisos para comprobar la correcta construcción, mantenimiento y utilización del almacenamiento, la verificación de la seguridad en el mantenimiento y operación de la instalación y la adquisición de conocimientos técnicos precisos para el desarrollo del almacenamiento”. Un encargo en el que todo cabe.
El Gobierno español mantiene de esta manera abierta la posibilidad de explotar algún día el reservorio submarino de gas, ubicado en un antiguo pozo petrolífero, frente a la costa del Delta del Ebro. El real decreto aprobado en octubre del 2014 ya autorizó, sin delimitar fecha alguna, al Consejo de Ministros a “poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan”.
En su última respuesta, el Ejecutivo admite que deberá “procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen”. Los estudios hechos públicos hace tres años ya vincularon los terremotos a la inyección de gas, atribuyendo la crisis sísmica a la presencia de una falla no cartografiada junto al Castor. Los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero, fueron concluyentes.
“Enagás quiere dar uso sin ninguna clase de informes a una infraestructura que le ha costado una millonada”, alerta Mulet. Desmantelar de forma segura la plataforma marina tendría un coste añadido de 300 millones. El senador valenciano sostiene que el plan oculto de Industria es poner en funcionamiento el almacén con el argumento que se inyectaría el gas en el subsuelo por debajo de los niveles de presión que propiciaron los terremotos en el 2013. Jugarían a favor del Gobierno el paso de los años, con la desactivación de parte de la presión vecinal, y la retirada de la anterior concesionaria, capitaneada por la ACS de Florentino Pérez.
La investigación judicial para depurar responsabilidades sobre la crisis sísmica sigue abierta en los juzgados de Vinaròs. Las declaraciones empezaron en otoño del 2015, pero el caso ha pasado por tres jueces instructores. El ritmo del Castor.