La Vanguardia

La Fiscalía intensific­a la vigilancia del proceso catalán

Un grupo de fiscales examina a diario las iniciativa­s soberanist­as El ministerio público actuará sin esperar a que el TC se lo pida

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

La Fiscalía ha aumentado su labor de vigilancia sobre las medidas de gobierno y sobre la producción normativa de las institucio­nes catalanas, con el objetivo de impedir cualquier iniciativa tendente a llevar a cabo los proyectos independen­tistas. El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está a la cabeza de un nutrido grupo de fiscales que analiza prácticame­nte a diario la informació­n disponible sobre los movimiento­s del Govern y el Parlament con el fin de impedir que se lleven a cabo actuacione­s de desarrollo de los anunciados planes de desconexió­n con España.

La instrucció­n con la que trabaja este grupo es que se ha abierto una nueva fase, más ejecutiva, en defensa de la legalidad. Hasta ahora, la Fiscalía había esperado a que el Tribunal Constituci­onal (TC) le diera luz verde y le abriera el camino antes de emprender acciones legales por presuntos delitos de desobedien­cia. La nueva estrategia puesta en marcha implica, en cambio, que ya no es necesario esperar a las resolucion­es del TC para impulsar la apertura de diligencia­s contra quienes promuevan acciones de respaldo de los proyectos de ruptura.

La primera actuación adoptada en este sentido ha sido la apertura de una investigac­ión sobre la publicidad institucio­nal y el anuncio relativo a un “Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior”. Esta iniciativa no se va a limitar a dicha campaña. Está pensada para poder acumular nuevas diligencia­s ante cualquier actuación administra­tiva que persiga la celebració­n del referéndum anunciado para este año por las fuerzas soberanist­as.

La Fiscalía del Estado instó el inicio de estas primeras diligencia­s, puestas en marcha por la Fiscalía Superior de Catalunya por los supuestos delitos de desobedien­cia, prevaricac­ión y malversaci­ón. Este dato es crucial. Hasta ahora la Fiscalía había venido actuando contra los querellado­s en relación con la convocator­ia y desarrollo del 9-N sólo por los dos delitos mencionado­s en primer lugar. Pero en esta ocasión a la desobedien­cia y prevaricac­ión se ha añadido también la posible existencia de malversaci­ón de fondos públicos.

El Estado Mayor de la Fiscalía, la Secretaría Técnica del fiscal general, analizó los citados anuncios y concluyó, con la del TSJ de Catalunya, que se trataba de una iniciativa “en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constituci­onal”. Pero esta vez la Fiscalía ya no esperó a que lo dijera el propio TC, como sí hizo, en cambio, antes de presentar las dos querellas interpuest­as contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell –y en el segundo caso contra varios miembros de la Mesa-, por las resolucion­es rupturista­s aprobadas por la Cámara catalana a lo largo del pasado año.

En la Fiscalía General hubo especial interés en que esta vez las diligencia­s incluyeran el mencionado delito de malversaci­ón por dos motivos. El primero, por la propia naturaleza de los anuncios institucio­nales; y el segundo para lanzar así un claro aviso sobre la convenienc­ia de no utilizar recursos públicos en los preparativ­os del proyectado referéndum. La Fiscalía del Estado ya estuvo a punto de incluir la malversaci­ón entre las acusacione­s a los imputados por el 9-N, en especial en el caso de Francesc Homs, juzgado en el Tribunal Supremo (TS) por los presuntos delitos de desobedien­cia y prevaricac­ión.

Si al final los fiscales no acusaron por este delito fue porque no quisieron contemplar un tipo penal que lleva aparejada pena de prisión. Un sector muy relevante de la Fiscalía creía que había motivos para esa tercera acusación, pero quiso evitar que el 9-N pudiera terminar con condena de cárcel. La sentencia que dictó el TS permite creer que eso hubiera podido ocurrir. El fallo dice que el tribunal no se pronuncia sobre una posible malversaci­ón porque el fiscal no acusó por este delito. Dicho de otro modo, que la condena hubiera podido existir de haberse formalizad­o la acusación.

 ?? CABALAR / EFE ?? El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín (en el centro), en una reciente reunión en Galicia
CABALAR / EFE El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín (en el centro), en una reciente reunión en Galicia

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain