El TC suspenderá mañana el presupuesto de la Generalitat
Los magistrados serán convocados de urgencia tras el recurso del Gobierno
El TC suspenderá mañana las partidas del referéndum del presupuesto de la Generalitat, atendiendo el recurso del Gobierno.
El Tribunal Constitucional (TC) va a reemprender antes de lo previsto su intervención en los conflictos entre el Estado y las instituciones catalanas. El nuevo presidente del TC, Juan José González Rivas, ha tenido que cambiar sus planes iniciales sobre el orden de las reuniones de la institución, y ha decidido anticipar la primera de tipo jurisdiccional de su mandato. El cambio de calendario viene motivado por la presentación del recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno contra las normas del proyecto de presupuestos de la Generalitat que prevén la celebración de un referéndum este año. El pleno del TC se reunirá mañana –o a lo sumo el miércoles, aunque es menos probable– para examinar la impugnación del Ejecutivo y su solicitud de que las normas recurridas sean suspendidas.
Si el recurso es admitido a trámite, la suspensión resulta automática, porque va aparejada al inicio del proceso para decidir si los preceptos impugnados se ajustan o no a la Constitución. Basta que lo pida el Gobierno para que las normas entren en periodo de hibernación, siempre y cuando el recurso haya sido admitido a trámite.
El plazo que en principio tiene el Constitucional para resolver sobre el fondo del asunto –si los presupuestos de la Generalitat contienen o no previsiones inconstitucionales–, es de cinco meses. Transcurrido este periodo, si todavía no se hubiera dictado sentencia, el TC puede prorrogar dicho plazo, pero no de forma automática, sino mediante una nueva resolución específica.
El primer pleno del TC en la etapa de presidencia de González Rivas puede calificarse de extraordinario, en la medida en que el propósito inicial de los magistrados era reunirse el próximo día 25. Los cuatro nuevos miembros del Constitucional tomaron posesión de sus cargos el pasado 15 de marzo. Lo previsto era que tuvieran un plazo de casi un mes y medio para ponerse al día con respecto a las tareas pendientes en el TC, en especial en relación con las sentencias que les han sido atribuidas, con el fin de elaborar las correspondientes ponencias o proyectos de resolución.
Pero el recurso del Gobierno contra algunas normas de la ley de presupuestos de la Generalitat, elaborado junto a sus dictámenes previos preceptivos por la vía de urgencia, ha alterado los planes del Constitucional para llevar a cabo un despegue suave en su nueva etapa. La impugnación del Ejecutivo, en suma, va a obligar al TC a abordar sin demora su primer recurso de inconstitucionalidad –y en una materia, las iniciativas soberanistas, a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en los últimos tiempos– cuando los nuevos magistrados apenas han organizado sus despachos y comenzado las reuniones con los letrados que tienen asignados.
Para el Constitucional en general y para González Rivas en particular el reto es ahora conservar el grado de unidad interna que la institución ha venido manteniendo en las cuestiones más relevantes, en especial con respecto a las iniciativas soberanistas y los planes para la ruptura con España. El Gobierno y e PSOE pactaron la reciente reforma del TC con el objetivo de que su nueva composición garantizara que cualquier intento de organizar el referéndum en Catalunya, y más aún cualquier proyecto de desconexión con el Estado, sería impedido por la institución encargada de velar por la vigencia de la Carta Magna.
No obstante, la propia renovación ha dejado heridas internas derivadas de la pugna por los principales cargos del TC. Por otra parte, el Constitucional puede verse en la situación de tener que afrontar encrucijadas más complejas. Por ejemplo, si en algún momento el Gobierno le insta a que haga uso de sus nuevas atribuciones –adquiridas con la reforma de las competencias del propio TC que los magistrados acaban de avalar– y le solicita que suspenda a cargos públicos por supuestas conductas de desobediencia.
El TC se ve obligado a cambiar su calendario para decidir sobre la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo