Innovación gerundense
La liquidación no afectará al día a día de sus empresas
Tras más de dos años de negociaciones entre Generalitat, Estado, Ayuntamiento de Girona y UdG, se hace inminente la liquidación del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
¿Qué pasará con los edificios y los trabajadores del Parc Científic i Tecnològic de la Univesitat de Girona? Esta es la pregunta que se hacen muchos de los usuarios que recibieron con estupor el desenlace final del proceso concursal que conduce a la liquidación y que llega tras más de dos años de negociaciones entre las partes implicadas, Generalitat, Estado, Ayuntamiento de Girona y UdG, y de acusaciones cruzadas sobre quiénes han sido los culpables de haber dejado caer unas instalaciones que empezaron a construirse en el 2004, en plena burbuja inmobiliaria, y en las que se han llegado a invertir unos 60 millones de euros. Con una deuda millonaria de 42 millones, el Estado era el principal acreedor del parque con 27,2 millones.
La decisión forzosa del juzgado mercantil de Girona de poner a la venta el parque, después de que no se alcanzara ningún acuerdo para salvarlo de la liquidación en la junta de acreedores celebrada el pasado jueves, abre un nuevo escenario de futuro para unas instalaciones que ocupan una superficie de 75.000 metros cuadrados (36.000 construidos) y que cuentan actualmente con más de 1.300 trabajadores y un centenar de empresas entre las que se hallan destacadas firmas aeronáuticas, biotecnológicas o tecnológicas.
El rector de la UdG, Sergi Bonet, que es también el presidente del patronato –los patronos son la UdG, la Diputación de Girona, el Ayuntamiento, la Cambra de Comerç y la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)–, lanzó un mensaje de calma el mismo jueves al asegurar que el día a día de los trabajadores y sus empresas no se verá alterado a corto plazo, como mínimo en el próximo año. Según el abogado del Parc, Josep Pujolràs, no se sabrá hasta entonces si hay alguna empresa o institución que haya presentado candidatura a comprar activos del PCiT. Pujolràs se mostró taxativo al explicar que ve “brutalmente improbable” que el parque acabe cerrando ya que antes de que esto ocurra, y que como último recurso, se podría establecer una alianza entre administraciones para hacerse cargo.
El proceso para dirimir el futuro del parque se alargará unos dos años. Una vez el juez firme la resolución de liquidación, se disolverá el patronato y la gestión pasará a manos de un administrador concursal, que será el encargado de diseñar el plan de liquidación, plazos y condiciones que el juez deberá aprobar. A partir de entonces, se procederá a la venta o en caso de que no haya compradores, a la subasta de las instalaciones. Primero se venderían las unidades productivas, los edificios con las empresas. Según el informe de tasación incluido en el proceso concursal, hecho público por la agencia de noticias ACN, el precio de salida de todos los activos del parque asciende a 33 millones de euros.
Si no hay compradores, en una segunda fase se pondrían a la venta sólo los edificios. Tanto la misma UdG, como los patronos del parque, empresas o administraciones podrán optar a adquirir los edificios en esta fase. De efectuarse la compra, deberían indemnizar a las empresas o esperar a que acabaran los contratos de alquiler. Si ninguna empresa o administración se interesa por los activos se procederá a la subasta. Los edificios no se podrán destinar a otra actividad que no sea la investigación e innovación universitaria. El hecho de que la UdG tenga el derecho de superficie de todo el complejo por un plazo de 64 años permite a la institución decidir qué tipo de empresas se instalan.
Fuentes del parque reconocen que la situación actual frenará la llegada de grandes empresas y retardará los planes de futuro de crecimiento instalaciones, que actualmente tienen una ocupación superior al 80%.
El PCiT de la UdG se empezó a gestar entre los años 1998 y 1999 cuando el entonces rector Josep Maria Nadal y el presidente del Consell Social, Jaume Casademont, buscaban más implicación de la universidad y el tejido empresarial del entorno. Cinco años después se empezaron a construir el edificio Jaume Casademont, que concentra la mayoría de los grupos de investigación, y el Centre de Robòtica Submarina. Le siguieron el Centre de Noves Tecnologies
En las diferentes instalaciones hay un centenar de compañías en las que trabajan más de 1.300 personas
Alimentàries, el Centre d’Empreses Giroemprèn, el Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), y el edificio Narcís Monturiol, que integra las empresas del sector Tic-Media.
En enero del 2015 el PCiT presentaba concurso de acreedores con el objetivo de renegociar con los principales acreedores (Estado y bancos) la enorme deuda contraída por el parque después de que el plan de viabilidad impulsado por el rector resultara insuficiente. El Gobierno central había puesto como condición que se abonaran 13,4 millones de euros al contado en el momento en el que se firmara el acuerdo ante el juez. La Generalitat se había comprometido a pagar 5 millones, pero la abogada del Estado no dio por bueno el cheque al no poderse cobrar al contado y no cumplir así los requisitos fijados por el Estado.