Involución e ilustración
La deriva autoritaria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; y el éxito del Salón del Cómic de Barcelona.
POCAS veces un gobierno ha cometido un error tan flagrante como el venezolano, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que usurpaba las funciones del Parlamento del país. Cuando el presidente Nicolás Maduro se dio cuenta del gravísimo atentado a la democracia que estaba cometiendo su régimen, ordenó a los jueces dar marcha atrás. Y así lo hicieron los togados, demostración de que el chavismo ha roto con el equilibrio de poderes, columna fundamental del Estado de derecho y de toda democracia. No hay vuelta atrás para Maduro: o referéndum revocatorio o elecciones. Un triunfo de la oposición.
La situación se precipitó en Caracas después de tres días de infarto. Ante la agobiante presión de la oposición más moderada por obligar al Gobierno de Maduro a desbloquear un clima político, económico y social irrespirable, el TSJ autorizó al presidente a revisar la legislación penal ante la “amenaza a la estabilidad del país”, y los jueces del Alto Tribunal asumieron el poder de la Asamblea Nacional “mientras persista la situación de desacato”. La reacción de la oposición y de la comunidad internacional no se hizo esperar, y la condena del “autogolpe” fue unánime, con unas poquísimas y anecdóticas excepciones, entre ellas la del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que justificó el Madurazo.
Pero la reacción que más sorprendió a unos y otros fue la declaración de la fiscal general de aquel país sudamericano cuando denunció “la ruptura del orden constitucional”. Luisa Ortega Díaz, una chavista crítica con el Gobierno de Maduro, pero acusada reiteradamente por la oposición de frenar investigaciones que perjudican al Ejecutivo, dijo verse en “la obligación” de poner de manifiesto varias violaciones de la Constitución en las sentencias del TSJ. La dureza de las expresiones utilizadas y la personalidad de quien las profería actuaron como una bomba que obligó a Maduro a pedir a los jueces del TSJ que revisaran las sentencias, cosa que hicieron de inmediato, poniendo de manifiesto de forma inapelable la falta de respeto al Estado de derecho del régimen bolivariano.
Por supuesto que la oposición ha declarado que esa marcha atrás no cambia para nada su estrategia por considerar que la fractura del orden democrático es irreparable. El presidente del Parlamento, Julio Borges, y el líder de Unidad Democrática, Henrique Capriles, las dos cabezas visibles del moderantismo venezolano, apuestan por seguir presionando para la convocatoria de unas elecciones presidenciales que despejen de una vez la situación política, en grave crisis desde que en diciembre del 2015 el régimen perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Maduro intenta resistir al precio que sea, incluso cometiendo graves errores como el de esta semana.
Precisamente, y a raíz de lo ocurrido, la iniciativa ha pasado a la oposición, que sale reforzada, con la seguridad de que tiene el apoyo de la comunidad internacional, empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que solicita que active la Carta Democrática Interamericana en Venezuela en defensa de la democracia activa y participativa. Mañana, martes, está convocada una gran manifestación con el objetivo de expresar el rechazo al autogolpe y exigir la dimisión de los magistrados del TSJ y la celebración de elecciones.
En todo este proceso resulta significativo el silencio del ejército, que el pasado enero fue objeto de una renovación en lo que se interpretó como una purga de “elementos golpistas” que afectó a más de un centenar de mandos intermedios.