Héroes o delatores
Activistas por los derechos digitales alertan de los riesgos de los proyectos de transparencia
Luchar contra la corrupción en la era de las redes es en muchos sentidos más fácil –por la vulnerabilidad del secreto– pero también más confuso que en tiempos predigitales. La organización activista por los derechos digitales Xnet está reuniéndose con los partidos alertando de que tras la ley Integral Contra la Corrupción y para la Protección del Denunciante que tramita el Congreso, late un enfoque “liberticida y megalómano” que pone en peligro los derechos civiles y crea un superorganismo administrativo homólogo a los míticos hombres de negro.
No se trata tanto –o sólo– de una discrepancia ideológica como de un conflicto legislativo generacional: En Xnet, que ha lanzado la campaña #vuelveLaStasi, creen que el legislador no entiende la dialéctica transparencia-anonimato de la era digital de ahí que una ley pensada para proteger al denunciante, sólo protege su anonimato si es funcionario. El texto, “parte de un postulado erróneo y peligroso: que las instituciones puedan vigilarse a sí mismas”.
La figura del alertador civil, protegida e incentivada en otros países, es obliterada por este proyecto de ley de Ciudadanos, cuya admisión a trámite ha sido apoyada por todos los grupos del Congreso excepto el PNV. Impide que un procedimiento arranque de la denuncia anónima de un particular, explica Simona Levi, portavoz de Xnet, lo que obliga al alertador a identificarse y por tanto, a exponerse a represalias. Esto contradice la experiencia de los grandes afloramientos de corrupción recientes, en España y el mundo: el buzón digital anónimo es la fórmula tras escándalos como los papeles de Panamá, los de la Castellana o los correos de Blesa. “Seguramente sin querer, las nuevas leyes de transparencia, en las que para acceder a la información debes dejar tus datos, crean de hecho un registro de delatores”, dice Levi.
Otro de los temores, que bautiza la campaña, es la nueva Autoridad Independiente de la Integridad Pública, órgano al que el artículo 11 da amplios poderes: “Podrá llevar a cabo actuaciones de investigación e inspección, a cuyo fin podrá acceder a cualquier información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”. Aquí, señala Xnet, concurre un déficit de tutela judicial efectiva.
El tenor de la ley, según el colectivo, estigmatiza la acción vigilante de la sociedad civil y crea un coloso administrativo incontrolable (no se fija posibilidad de destituir a su director) que “repite los errores de la Oficina Antifrau” catalana.
Y además, en su disposición final, so pretexto de añadir las condenas por corrupción a las causas de inelegibilidad de la Loreg, añade mucho más. La Loreg sanciona inelegibles a “los condenados (...) por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado”. Si bien fuentes de Cs matizan que la ley está aún en discusión e insisten en que sólo incorporan la corrupción, su lista de inelegibles es más larga y ambigua: “Delitos de falsedad; contra la libertad; contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública, la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; de rebelión y sedición; contra el orden público, en especial, el terrorismo”. Rebelión, sedición, orden público, patrimonio..., Xnet ve un conato de persecución política de la disidencia y la heterodoxia.
La ley anticorrupción en trámite desactiva la acción ciudadana, al proteger al denunciante sólo si es funcionario