Familias en riesgo de Mataró se quedan sin pisos sociales por la acción okupa
La desesperación hace mella en las entidades del tercer sector de Mataró al detectar que las viviendas sociales que se remodelan para acoger a familias necesitadas derivadas de los servicios sociales municipales están siendo ocupadas. En el tiempo que tardan en tramitar la adjudicación y proceder a la adecuación del piso, las mafias actúan e impiden que las familias puedan disponer de cobijo. Todo ello hace sospechar que estas asociaciones mafiosas están directamente relacionadas con personas que disponen de información privilegiada del parque de pisos para cesión pública, por lo que reclaman que se lleve a cabo una actuación policial contundente.
La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mataró, Isabel Martínez, reconoce haber conseguido la cesión de 80 pisos de entidades bancarias que se han tramitado a través de la Agència de l’Habitatge, pero que “antes de ser adjudicados por la mesa de emergencia eran ocupados” y colapsan un circuito que hasta ahora no tardaba más de tres meses en hallar una solución a las familias.
Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mataró (FAVM), que desde el 2011 han parado más de 600 desahucios, calculan que en la capital del Maresme hay 2.700 viviendas vacías. “Sólo con el 8% de estos pisos, podríamos paliar la problemática en Mataró” asegura Isabel García, portavoz de la PAH. En paralelo, exigen poner cerco a las mafias de pisos y advierten haber detectado que la problemática crece en el segmento de los alquileres, aún más cuando las entidades financieras que hace dos o tres años respondieron a la presión social concediendo daciones en pago y alquileres bajos, finalizado el contrato, se niegan a renovar.
Desde la PAH consideran que se debería ejercer un mayor control sobre los que llaman “okupas ocasionales”, que no son familias necesitadas que en la mayoría de los casos se ven obligadas a “okupar para no quedarse en la calle”.
La concejal avanza que “en breve cerraremos un convenio” con una entidad del tercer sector para incentivar que los particulares cedan su piso en alquiler social “a cambio de que se lo rehabilitemos, les aseguremos el pago de la renta y su correcta restitución”. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se inician las inspecciones de viviendas de bancos y grandes tenedores, que generarán expedientes sancionadores e incluso permitirán aplicar la ley 4/16 para iniciar la modalidad de “las expropiaciones de uso”.