El PDECat y ERC acusan a la Fiscalía de ser una “policía política”
Los fiscales están investigando empresas que podrían colaborar en la desconexión
La experiencia del 9-N ha hecho que la Fiscalía, en este caso la de la Audiencia Nacional, fije su atención en los preparativos técnicos y económicos de los anunciados planes de desconexión o secesión de Catalunya. A estos factores obedece el hecho de que el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, haya dado nuevas instrucciones a la Guardia Civil para que investigue a diversas empresas que podrían estar colaborando con su asistencia técnica –incluso sin saberlo– en dichos proyectos de ruptura, mediante la aportación de sus conocimientos y tecnología. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sólo confirmó ayer que las diligencias mencionadas están “en curso”.
La investigación, en todo caso, no comienza ahora. Se inició bajo mandato del anterior fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, con conocimiento y bajo supervisión de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Durante el último año, la Guardia Civil ha repasado, uno a uno, todos los contratos asignados por la Generalitat y que pudieran estar bajo sospecha.
El relevo en la Fiscalía General y luego en la de la Audiencia no ha sido una operación fácil, pero muchas investigaciones siguen en pie, entre ellas la relativa a la investigación sobre las sociedades que, de forma explícita o de manera indirecta, estuvieran poniendo sus servicios a disposición de la Generalitat en tareas que podrían ser útiles para los proyectos de desconexión. En especial, en áreas como la ciberseguridad. Al relanzamiento de las investigaciones contribuyeron las manifestaciones del juez suspendido y exsenador Santiago Vidal, en el sentido de que el Govern disponía de datos fiscales de los contribuyentes catalanes obtenidos de forma ilegal.
El fiscal jefe Jesús Alonso quiso que las investigaciones se centraran en sociedades del sector tecnológico, con el propósito de averiguar si estaban prestando algún tipo de colaboración para las labores supuestamente iniciadas por la Generalitat con el fin de recopilar datos que luego le fueran útiles para organizar su agencia tributaria o una agencia de seguridad propia, a modo de centro de información e inteligencia. En cierto modo, la labor encargada por la Fiscalía de la Audiencia a la Guardia Civil es de carácter preventivo. Tanto o más que perseguir delitos, lo que se pretende es evitar o impedir que se produzcan. El 9-N demostró, a juicio de los fiscales, que se aprovechó cierta confusión entre las empresas con lo que podían hacer para cumplir sus contratos con la Generalitat, sin contravenir las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) para no llevar a cabo actividad alguna que permitiera la consulta.
El caso de alguna empresa de informática, que por indicación del Govern no detuvo sus trabajos sobre el 9-N, se cita en la Fiscalía como ejemplo. Las visitas de la Guardia Civil y los escritos de requerimiento de información que están recibiendo las empresas tecnológicas investigadas están sirviendo a la vez para recopilar datos y de advertencia sobre las responsabilidades en que pueden incurrir si colaboran con los proyectos de desconexión. Dichas sociedades disponen de ocho días, a contar desde el pasado 31 de marzo, para proporcionar a los investigadores información detalladas sobre sus contratos con la Generalitat y las personas de la Administración con las que los negociaron.
Una fuente oficial con conocimiento de las diligencias que se llevan a cabo manifestó a este diario que “se trata de comprobar lo que se ha hecho y para qué se ha hecho, nada más”. La investigación –añadieron– es “muy seria y compleja” y “no se está acusando a nadie”. Y para “salvaguardar la reputación y prestigio de estas empresas –algunas de ellas multinacionales–, lo mejor es mantener la discreción con la que se está trabajando”.
La Guardia Civil ha analizado contratos de la Generalitat para su agencia tributaria La investigación se ha llevado con sigilo para comprobar datos sin formular acusaciones