Con la boca pequeña
El Partido Popular ha perdido su vehemencia en la defensa del presidente murciano.
El cerco judicial al presidente de la comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se estrechó ayer de forma grave. A dos días de la moción de censura que se va a debatir en la Asamblea autonómica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco remitió ayer al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) una exposición razonada que añade peso a las acusaciones que ya constan contra Sánchez, en la medida en la que le atribuye de haber negociado contratos para limpiar su imagen en internet con la idea de sufragarlos con dinero público.
El informe del juez Velasco expone que el contrato para mejorar la imagen del presidente murciano en internet, y que se iba a afrontar con fondos públicos, no se llegó a pagar. Pero explica que esta circunstancia no impide que se le pueda atribuir delitos de cohecho y fraude. La consumación de este último delito –argumenta el juez– se produce por el solo hecho de haber concertado los términos de dicho contrato. Y a mayor abundamiento razona que si el convenio se hubiese puesto en marcha ya no se estaría hablando de un delito de fraude, sino de otro de malversación de fondos públicos. Al acordar el contrato, en definitiva, el presidente autonómico actuó “lastimando los intereses de la administración pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.
La decisión del juez Velasco es contraria al criterio de la Fiscalía, cuyas instancias superiores nunca vieron los indicios de delito subrayados por el magistrado. Esta diferencia de perspectivas y conclusiones ya se produjo entre los fiscales de Murcia y sus superiores de la Fiscalía General del Estado. Los primeros estaban más en la línea que ahora describe en su exposición razonada el juez de la Audiencia Nacional. La importancia del texto de Velasco es que refuerza las acusaciones contra Sánchez y debilita su posición política.
En cierto modo, todo está relacionado, porque el magistrado Velasco sigue exponiendo en su escrito al TSJ de Murcia que los trabajos pactados por Pedro Antonio Sánchez con el “conseguidor” Alejandro de Pedro –que ya se había destacado por tareas similares en la Comunidad de Madrid– perse- guían mejorar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” la investigación a la que estaba sometido en varias causas penales. El juez cita entre esos procesos el relativo al caso Auditorio, el que más complicaciones le había traído hasta ahora a Sánchez. Y añade Velasco que lo que intentaba el hoy presidente de Murcia era presentarse como candidato para presidir el gobierno autonómico, “como finalmente consiguió”.
La exposición razonada de Velasco, en definitiva, sitúa a Pedro Antonio Sánchez en la orbita del caso Púnica. Las prácticas descritas en Murcia son las que se llevaron a cabo en Madrid. El juez cita explícitamente que si los contratos para limpiar la imagen de Sánchez no se llevaron a la práctica fue precisamente porque el caso Púnica estalló en el 2014 en la Comunidad madrileña. El escándalo consiguiente “abortó” los planes delictivos que Velasco atribuye al presidente murciano, de quien añade que el contrato pactado “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público (entonces era consejero autonómico) de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”. El pacto que no se llevó a cabo consistía en que las empresas de De Pedro recibirían contratos públicos de formación a cambio de limpiar a imagen de Pedro Antonio Sánchez.
La decisión judicial, remitida al Tribunal Superior murciano, es contraria al criterio de la Fiscalía