El Govern activa los fondos de las conselleries para consultas
El ejecutivo catalán tomó la decisión el pasado 21 de marzo
El Govern ha puesto en guardia a sus conselleries de cara a posibles consultas y ha activado todos los fondos de sus departamentos para realizarlas. Así lo anuncia el acuerdo que el Ejecutivo catalán tomó el 21 de marzo y publicado en el portal de transparencia, en el cual encarga a los titulares de los departamentos implicados en los procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana “el inicio inmediato de las actuaciones administrativas necesarias para la racionalización del gasto público” en los ámbitos que se les ha asignado.
Dicho de otro modo: el Govern ha dado órdenes a todas las conselleries para que controlen los fondos destinados a consultas y racionalizar el gasto. La orden, de hecho, la da el vicepresidente Oriol Junqueras, la consellera de Presidència, Neus Munté, y el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. Sin embargo, en el documento publicado en ningún momento se menciona la palabra referéndum, por lo que el argumento del gabinete es que todo está encaminado para una eventual celebración de elecciones, que, si se sigue la hoja de ruta de Junts pel Sí, deberían ser constituyentes seis meses después de una eventual victoria del sí en un referéndum. Por tanto, se abren todas las suspicacias, y cabrá ver si la Fiscalía juzga que hay indicios de que el Govern está preparando de manera encubierta un referéndum de autodeterminación.
El acuerdo del Govern recuerda los decretos según los cuales al Departament de Economia le corresponden competencias en finanzas públicas, presupuestos y eficiencia del gasto. Una eficiencia en el gasto que justifica este acuerdo. Mientras, a la conselleria de Presidència le corresponde, entre otros, el apoyo a la coordinación interdepartamental y el impulso de estrategias conjuntas, así como la competencia en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. Asimismo, el decreto del 19 de enero de 2016 establece que le corresponden las funciones de diseño, coordinación y evaluación de los procesos de participación ciudadana, además de competencias en materia de contratación pública. Por último, es a la conselleria de Governació, que dirige Meritxell Borràs, a quien le toca las funciones de coordinación y ejecución de las actividades administrativas necesarias para llevar a cabo los procesos electorales y las consultas populares.
Como ya apuntó La Vaguardia , la Fiscalía ha intensificado su “vigilancia” respecto al proceso soberanista. Cabe recordar el 22 de marzo, el mismo día que se aprobaban las cuentas del 2017, el departament de Governació publicó un concurso para la licitación de papeletas y sobres para unas elecciones al Parlament. La Fiscalía ya abrió diligencias por considerar que detrás de ello está la pretensión de celebrar un referéndum de independencia. También actuó ante un anuncio de la conselleria que dirige Romeva, en el que se anima a los catalanes que viven fuera de Catalunya a inscribirse en el registro de catalanes residentes en el exterior. Sin embargo, la orden no va dirigida tan sólo a estos cuatro departamentos, sino que el Govern predispone a todo el resto de departamentos para que controlen los fondos para consultas y de este modo el texto recuerda también que estas conselleries también tienen competencias para realizar “procesos electorales de carácter sectorial en el ámbito de sus competencias”, como podría ser, por ejemplo, en las cámaras agrarias.
En ningún momento se menciona la palabra “referéndum” en el documento publicado con las órdenes