Proceso Homs

Hay imágenes cargadas de simbolismo. Hará un mes que el diputado Francesc Homs se sentó en el banquillo de los acusados del Supremo. En el Salón del Pleno del Palacio de Justicia parece concentrarse el poder del Estado y su fría capacidad punitiva. Incluso más que en un desfile militar. Sentados uno junto al otro, vestidos con toga preceptiva, los magistrados contemplaban al político nacionalista flanqueados por una bandera de España y un escudo esculpido con dorados y grises como la piedra del Escorial. Lo hacían con la aparente impavidez con la que, de cara afuera, el Estado ha diseccionado la evolución del proceso soberanista desde su arranque. Como es bien sabido, Homs ha sido condenado a un año y un mes de inhabilitación por un delito de desobediencia grave: permitir la celebración de la consulta participativa del 9-N a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional.

El 29 de marzo Ana Pastor –presidenta del Congreso– recibía el auto de ejecución. Homs era expulsado del Congreso. Al día siguiente 90 diputados se marchaban a medio pleno como muestra de solidaridad. Es un caso lamentable, pero tiene la virtud de ser un paradigma del callejón sin salida donde estamos.

Es probable que el Estado haya actuado como debe para sellar su estabilidad, pero la estabilidad no es pétrea, sino que se regenera como un organismo vivo porque así son las sociedades. Se consigue en la medida en que los tres poderes dan con mecanismos para hacerse porosos a las demandas expresadas de manera pacífica por la ciudadanía. Es en esta dinámica entre ley y legitimidad cuando se vivifica la convivencia democrática. Si la dialéctica se obtura, el Estado de derecho que a todos nos da garantías también se degrada. Estamos aquí. Porque la consulta del 9-N, estéril en términos de negociación política, fue una movilización provocadora y con apariencia de votación que escenificó un momento fervoroso de acumulación de legitimidad. Puro proceso. Poca cosa más. Pero si sus consecuencias sólo son penales –con derivadas políticas: expulsión del Congreso–, significa que el Estado bloquea la dinámica democrática. Con estas cercanías no vamos a ninguna parte.