El Popular desvela nuevas pérdidas por 633 millones y la acción cae un 10,4%
El banco corrige las cuentas del 2016 y Pedro Larena, consejero delegado, dimite
Banco Popular se desplomó ayer un 10,4% en bolsa después de realizar ajustes por hasta 633 millones de euros en las cuentas del banco ya auditadas y presentadas el pasado 20 de enero. En concreto, la entidad reveló que su auditoría interna ha detectado provisiones insuficientes para cubrir determinados créditos por 427 millones de euros y, en paralelo, ha descubierto que el año pasado financió a sus clientes con otros 426 millones para comprar acciones en la macroampliación de capital que hizo en junio por 2.500 millones, y no había informado de ello.
Según fuentes del banco, “los ajustes en las entidades financieras, en todas, son constantes” y, en este caso, son fruto de la auditoría interna iniciada en octubre, que evidenció que “hay discusiones y se llega a esas cifras”. El cálculo del impacto en las cuentas es provisional, dijo el banco, “con la información disponible en este momento”. Ni el banco ni el auditor, PwC, consideran que han incurrido en responsabilidad alguna en lo relativo a las correcciones de las provisiones. En cambio, donde no hay disculpa alguna es en la ocultación de la financiación a clientes en la ampliación de capital, que se produjo en un momento muy delicado para el Popular.
Fuentes financieras explicaron ayer, que este último hecho va más allá de la diferencia de criterio que puede existir en cualquier banco a la hora de clasificar los créditos y dotar las consiguientes provisiones y es, potencialmente, mucho más grave, ya que los bancos tienen la obligación de informar al mercado sobre este tipo de operaciones y restar el importe captado entre los clientes del capital.
En cuanto a las cifras, según informó el Popular a la CNMV, el primer bloque de “correcciones” apenas impactaría en los resultados del pasado año, cerrados con pérdidas históricas de 3.485 millones, pero sí en el capital. Por su parte, la financiación de acciones sólo tendría efecto sobre el capital regulatorio, una ratio en la que el Popular está un poco por encima del mínimo exigido. En total, el impacto rondaría los 633 millones, como máximo.
Esta cantidad es relevante, pero no lo suficientemente elevada para provocar una reformulación de las cuentas. Tanto la normativa internacional de auditoría adaptada a España (NIA-ES320) como la circular contable del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ES07-2016) establecen los casos en los que las inexactitudes o correcciones obligan a reformular las cuentas. En este caso, los más de 600 millones ahora corregidos contrastan con 148.000 millones de activos y 11.000 millones de capital.
Pero el terremoto bursátil y el golpe a la reputación del banco, ya muy zarandeado en los últimos años, no se quedó ahí. El citado anuncio matutino del Popular, que el lunes próximo celebra su junta de accionistas bajo la presidencia de Emilio Saracho, fue seguido de otro, a media tarde, con la dimisión de Pedro Larena, consejero delegado, por “motivos personales”. Larena, fichado en septiembre del año pasado, ha durado apenas seis meses. En la presentación de resultados del pasado 20 de enero, dijo que pensaba que el Popular era un “bancazo” y que cuanto más lo conocía más convencido estaba de esa afirmación.
Ya es historia. Saracho y el resto del consejo nombrarán a su sucesor y, previsiblemente, será Miguel Escrig, su hombre de confianza, llegado hace unas semanas. Este equipo es el que tendrá que sacar adelante la nueva estrategia del Popular, que aún no se conoce, aunque en el mercado se da por segura su venta, una opción que gana cada vez más peso teniendo en cuenta la trayectoria de ampliaciones de capital de los últimos años, el valor de la acción y el escaso nivel de capital regulatorio con el que cuenta hoy.
Al margen de lo anterior, al Popular se le pueden abrir ahora nuevos frentes judiciales. Un mes después de la salida de Ángel Ron, su expresidente, aún no está descartada la interposición de una acción social de responsabilidad. Ahora, las correcciones contables –sobre todo, la referida a la financiación de la compra de acciones propias– pueden derivar en demandas. “El problema es que esto se convierta en otro caso Bankia”, dijo ayer un exinspector del Banco de España.
La entidad ya perdió 3.485 millones en el 2016 y ahora siembra dudas sobre su estado El próximo 10 de abril, Emilio Saracho, el presidente, se dirigirá a la junta por primera vez