Fomento y las apuestas
El descenso de la necesaria inversión en infraestructuras que presentan los nuevos presupuestos generales del Estado; y el escándalo por el amaño del partido entre el filial del Barcelona y el Eldense.
LA prioridad de los presupuestos generales del Estado para el 2017 es la reducción del déficit público hasta el 3,1% del producto interior bruto (PIB),conobjetodegarantizarelcrecimientode la economía y del empleo. Para lograrlo no basta con el importante aumento de la recaudación fiscal que se espera –superior al 7%–, sino que el Gobierno se ha visto obligado a sacrificar nuevamente las inversiones en infraestructuras con objeto de poder mantener un cierto equilibrio en el resto de las partidas presupuestarias. El retroceso en estas inversiones afecta directamente a la inversión del Estado en las comunidades autónomas, que desciende en todas ellas, incluida Catalunya, menos en Canarias.
El fuerte retroceso de las inversiones en infraestructuras, que engloba las que efectúan los ministerios de Fomento, Agricultura y Energía, es de un 21,1% respecto del 2016, hasta los 7.480 millones de euros. Esta partida, que sufre el único y principal recorte que se realiza en los presupuestos, supone el menor importe que se destina a este fin desde hace diez años. En unos momentos de intenso crecimiento económico, con un gran dinamismo de las inversiones privadas, la elección del Gobierno para cuadrar las cuentas públicas –dada la importancia que tieneelgastosocialenlospresupuestosdelEstado–hasidola más fácil.
La inversión en infraestructuras, siempre que responda a proyectos de probada eficiencia económica y social, como sería el caso del corredor mediterráneo, constituye, como reconoce el propio Gobierno, un instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad y garantizar el funcionamiento del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio y el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. Por ello el recurso por sistema a sacrificar la inversión en infraestructuras puede suponer pan para hoy pero hambre para mañana.
El recorte en infraestructuras influye decisivamente, como hemos dicho, en el recorte de la inversión pública estatal en el conjunto de las comunidades autónomas. El gasto regionalizable, en concreto, se ha recortado un 22,7%, al pasar de los 11.128,2 millones previstos en el 2016 a los 8.597,4 millones de este año. En este marco, Catalunya tiene consignada una inversión por valor de 1.149,58 millones de euros, lo que supone un descenso respecto al 2016 del 2,5%. Pese a ello gana peso este año sobre el total, al suponer el 13,4% de la inversión regionalizable, frente al 10,6% del 2016. Pero sigue estando por debajo de los niveles logrados en el periodo del 2008 al 2011, cuando se situó ligeramente por encima del 15%.
Un año más, y sea por las razones que sean, los presupuestos generales del Estado incumplen el compromiso de consignar una inversión estatal equiparable al peso de lacomunidadautónomaenelproductointeriorbruto,que es del 19%. Tampoco alcanza su peso en cuanto a la población, que es del 16,2%.
La inversión del Estado en Catalunya consignada en los presupuestos del 2017 es todavía más decepcionante porque se conoce escasos días después de que el presidente del Gobierno anunciase inversiones para infraestructuras por valor de 4.200 millones en esta comunidad autónoma durante la presente legislatura.
El ministro de Hacienda dijo ayer, ante las críticas recibidas, que se avanzará de manera más decidida en esa línea en el presupuesto del 2018, que debe empezar a elaborarse ya el próximo mes de junio. La credibilidad del Gobierno con respecto a Catalunya nuevamente se pone a prueba.