Inversiones

Precisamente ahora que los sectores más beligerantes de la derecha valenciana, después de un tiempo de desconcierto, se reorganizan para cuestionar la decente, inteligente y decidida política lingüística del Gobierno de Ximo Puig, precisamente ahora la vicepresidenta Mónica Oltra es acusada de blavera desde Catalunya. Se le acusa de reaccionar a las promesas que Rajoy hizo a los empresarios catalanes a la manera de tantos otros territorios: con demagogia anticatalana. La catalanofobia abunda, pero no guarda relación alguna con las palabras de Oltra. Tampoco son fóbicas las palabras que, sobre las inversiones del Estado, se han pronunciado estos días desde muchos rincones de España.

Los catalanes estamos cargados de razones en nuestra crítica al sobrepeso impositor que soportamos y al avaro retorno que fomenta el Gobierno central. Pero existen otras razones igualmente válidas. En primer lugar, están las razones de valencianos y mallorquines, que, en cifras relativas, aportan tanto o más que los catalanes, con un retorno igualmente mezquino (también los madrileños aportan muchísimo, pero obtienen la fabulosa compensación de la capitalidad). En segundo lugar, está la razón de los territorios menos desarrollados, que reciben una sobreprotección parecida a la que, en el plano individual, reciben los ciudadanos con dificultades. Las razones de unos no invalidan las de los demás. El verdadero problema es que en la España de las autonomías no existe una cámara territorial como el

Bundesrat. Un ágora en la que discutir y objetivar los intereses territoriales. Puesto que la discusión no puede objetivarse, los intereses territoriales están en manos del Gobierno central, que juega arbitrariamente con ellos. Cada cesión con que el gobierno central prima (premia) a un territorio, favorece la reacción de los demás, cosa que le otorga márgenes políticos perversos: el tradicional e irresponsable divide et impera.

Este mecanismo está viciado. Pero es preciso recordar que no ha sido un fracaso: el sur y el norte peninsulares no están separados por un abismo como ocurre en Italia. Pasqual Maragall, que en este punto como en tantos otros, tuvo intuiciones luminosas, proponía poner límites a la solidaridad: cualquier trabajador social sabe que hay que poner límites a la persona que recibe una ayuda para evitar que se enquiste en la pobreza. Si existiera el Bundesrat español, serviría para esto. ¡Pero hace tantos años que se reclama! Si diversos gobiernos centrales han dejado pudrir estos problemas, una buena porción de catalanes han decidido dejar de hablar de ellos: con la independencia, quieren dejar de quejarse. Están hartos de ser un problema y de vivir en el problema. Compártase o no, la reacción de estos catalanes es comprensible. Desde esta columna no nos cansaremos de escribir que el causante principal del gran conflicto político territorial es aquel que, por confortable inmovilidad, ha cerrado todos los caminos de salida.

La historia juzgará a los que prosperan en un inmovilismo que, siendo bueno para ellos, es nefasto para el futuro colectivo.

La historia juzgará a los que prosperan en un inmovilismo que es nefasto para el futuro colectivo