Préstamo de 10.000 millones para pagar pensiones
Los nuevos presupuestos, bajo el límite del objetivo de déficit
Los primeros presupuestos de esta legislatura siguen mirando hacia Bruselas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que las nuevas cuentas buscan reducir el déficit público y contribuir al crecimiento económico y del empleo. Las premisas del Gobierno: cumplir con la Comisión Europea y quedar “a las puertas” de abandonar el procedimiento por déficit excesivo para llevar el desfase presupuestario en el 2018 por debajo del 3%; pero conservando un gasto social similar a años anteriores, que en estas cuentas se acerca al 56%.
El gasto no financiero consolidado de Estado alcanza los 318.484 millones, un 1,3% superior al presupuestado en el 2016. Si no se tiene en cuenta la Seguridad Social y otros organismos públicos, se sitúan en 153.853 millones (incluidas partidas especiales para armamento de Defensa), integrando la contención aplicada con el acuerdo de no disponibilidad del ejercicio anterior y su menor grado de ejecución. Por ello, suponen un 2,2% menos que los presupuestos para el 2016 aprobados por el Parlamento.
Más allá del paquete de medidas fiscales presentadas a finales del año pasado –especialmente en el impuesto de sociedades–, el nuevo proyecto firmado por Montoro aporta escasas novedades para elevar a los ingresos tributarios hasta la barrera de los 200.000 millones. Como parte del acuerdo con Ciudadanos, el Gobierno certifica eso sí la rebaja del IVA al 10% para los espectáculos en vivo y retorna también al tipo reducido el impuesto al consumo de gafas, lentillas y monturas.
Las cuentas afrontan, sin embargo, los desequilibrios financieros de la Seguridad Social, que sufrió
Las prestaciones a los pensionistas ya suponen cuatro de cada diez euros en gasto consolidado
18.000 millones de desajuste el año pasado. Por ello, recogen un préstamo de 10.192 millones para garantizar, entre otros, el abono de las pagas extras a los pensionistas. Con esta fórmula, el Tesoro Público tomará el relevo al fondo de reserva de la Seguridad Social, esquilmado desde los últimos años de crisis económica. Los responsables de Hacienda confirmaron ayer su intención de evitar que la denominada hucha de las pensiones se quede totalmente vacía. Según recoge el texto de los presupuestos, el fondo de reserva tiene previsto utilizar este año 7.300 millones de euros. Lo que permitiría dejar en la hucha alrededor de otros 7.700 millones, en un fondo que llegó a disponer de 66.815 millones en el 2011 y al que los gobiernos del PP han ido recurriendo en los últimos cinco años. Además, el proyecto de presupuestos vuelve a levantar la restricción para poder disponer en el fondo de reserva más allá del 3% del gasto anual de pensiones contributivas impuesto por ley.
En paralelo, el Gobierno prevé un incremento del gasto en pensiones para más de 9,5 millones de beneficiarios del 3,1% con respecto al año anterior (122.777 millones para las contributivas, +3,1%). En total, son 139.647 millones de euros, el 40% del gasto del presupuesto consolidado, un punto y medio más que en el 2016. Según la propia Hacienda, este incremento se debe a la revalorización del 0,25% prevista para este año, la subida del número de pensionistas así como de la pensión media de los nuevos beneficiarios.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató de quitar hierro a la polémica por el agotamiento del fondo de reserva y la decisión de emitir deuda pública, argumentando que no cabe ninguna duda de que el Estado seguirá haciendo frente al pago de las pensiones. Sin embargo, la sostenibilidad de la Seguridad Social lleva meses en el debate público y está a la espera de las recomendaciones de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo, además de la negociación de Empleo con los sindicatos mayoritarios y la patronal.
En el debate abierto sobre las cuentas de la Seguridad Social no sólo se cuestiona el impacto del pa-
ro y la calidad del empleo en el volumen de cotizaciones. En especial, los sindicatos critican cómo el volumen de reducciones para incentivar la contratación ha perjudicado el nivel de ingresos en el sistema. Por lo pronto, el proyecto para este año recoge que se paguen 233 millones más en bonificaciones del plan de garantía juvenil. Cumpliendo también los compromisos con su socio de investidura, recogen la introducción de un “cheque formación” para trabajadores y 500 millones de ayuda complementaria para jóvenes.
El proyecto también refleja el incremento salarial de este año para los empleados públicos de un 1%, así como la ampliación de la tasa de reposición (casi 8.000 plazas de las 64.000 previstas en total) y el inicio de la consolidación en plazas fijas para los interinos. A pesar de ello, la parte del león de estos cambios en el empleo público se dará tanto en la administración autonómica como la local, lo que explica que el gasto en personal del Estado no sólo sube sino que se reduce un 2,6% frente al presupuesto del 2016.
Ayer, la oposición denunció que el incremento en sanidad y educación (2,3% y 1,7% respectivamente) está lejos de la previsión de crecimiento del PIB nominal del 4,1%.
En el escaso margen para ampliar el radio de cobertura social, el nuevo presupuesto rompe con una
Las ayudas contributivas y asistenciales a los desempleados caen un 6,6%
congelación de seis años y sube un 1% el Iprem, índice de referencia para recibir ayudas sociales. En paralelo, se rebaja de nuevo la presión que durante años generaron las prestaciones por desempleo. En total, se reducen un 6,6%, hasta quedarse algo más de 18.000 millones de euros. Caen más las de carácter asistencial (7.046 millones, -8,4%), que las contributivas (10.982 millones, -5,6%).
La factura por los intereses de la deuda pública (9% de los presupuestos consolidados) se sitúa en 31.171 millones (-3,9%) y espera llevar el endeudamiento al 98,8% del PIB.