La Vanguardia

El panorama

- Pilar Rahola

Leo las dos noticias de corrillo, y se suman a la noticia de salida, que ya era un monumento al despropósi­to. Veníamos del escándalo por la sentencia contra la tuitera Cassandra, que ya fue un ejemplo de abuso de la ley para perseguir el humor y la libertad de expresión. Y añado un paréntesis: no participo del humor que juega con los muertos, o la religión, o ningún tema que pueda herir sensibilid­ades. Pero ello es poco relevante, porque el humor no tiene la obligación de gustar, pero sí tiene el derecho de ejercerse. Sin embargo, y sin voluntad de enmienda, dos noticias añadidas ensombrece­n aún más los criterios de la justicia española, ya marcada a fuego por los juicios políticos contra líderes catalanes. Sin duda parece que los informes del Consejo de Europa, que suspenden a España en independen­cia judicial (de 28 estados miembros, está la cuarta por la cola, sólo superada por Croacia, Bulgaria y Eslovaquia), dan desgraciad­amente en el clavo.

Sumando, que es gerundio, nos encontramo­s con las noticias que remachan esta deplorable situación. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra Dani Mateo y el Gran Wyoming por un sketch en El intermedio. La grave ofensa se habría producido porque, después de recordar que el mausoleo franquista “alberga los restos de 33.833 víctimas”, Mateo aseguró que Franco quería una cruz muy grande para que se viera de lejos, “porque quién va a querer ver esa mierda de cerca”. Y, tachán, lo que era un humor ácido que desnudaba la vergüenza de un mausoleo a mayor gloria de un tirano, construido por prisionero­s republican­os, se convierte en persecució­n judicial. En cualquier democracia decente no existiría un mausoleo fascista, ni una fundación glorifican­do a un dictador, ni ningún tribunal perseguirí­a a El Intermedio por denunciarl­o, pero aquí pasan estas cosas. ¿Será la gloriosa marca España?

Pero hay más. Se trata de la operación Panzer del 2006, cuando la Guardia Civil detuvo a 17 miembros de un grupo nazi, entre ellos el asesino de Guillem Agulló. El tribunal los absolvió porque invalidó las escuchas telefónica­s y la Guardia Civil destruyó el arsenal de armas de guerra de los detenidos, entre otras, rifles, una daga de la Waffen SS, una pistola Walther y un casco nazi. Pues bien, ahora el CGPJ ha decidido que debe indemnizar­se a los nazis por el “perjuicio sufrido” por la destrucció­n del material. Previament­e, la Audiencia de Valencia ya había atendido la petición del asesino de Agulló, Pedro Cuevas, y le devolvió las esvásticas, cruces doradas con el emblema del Tercer Reich, un Mein

Kampf, imágenes de Hitler y resto de material nazi.

Todo lo que está escrito en este artículo es cierto. Por eso mismo, este artículo se muere hoy de vergüenza. Del asco al vómito, sin solución de continuida­d.

La indecencia de proteger un mausoleo fascista, y de perseguir a ‘El intermedio’ por denunciarl­o

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