Las empresas del proceso
Cuando uno despierta al mamut y echa andar, ya no hay quien lo pare. Y el mamut avanza”. Lejos de ser un animal extinguido, el mamut del proceso soberanista es el poder judicial y el autor de la metáfora un alto cargo del Gobierno español. La efectividad de los poderes del Estado para frenar a los soberanistas está probada sólo más allá de los jardines de la Moncloa. Ante la inhibición, la renuncia, la dejación, casi indolencia inicial de la acción política del gobierno de Mariano Rajoy respecto al anuncio de un referéndum desde la Generalitat, es el paso firme de la Fiscalía y los tribunales el que agita las filas gubernamentales catalanas.
Hay querellas en marcha, nervios y visitas inesperadas de fontaneros y altos cargos de alguna conselleria al presidente del Institut d’Estudis d’Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, para revisar el alcance de documentación sensible que pueda alimentar el frente judicial contra el Govern. Preocupa, y mucho, que la Fiscalía haya reclamado a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad, que ya están remitiendo información de contratos sobre el desarrollo, por ejemplo, de la agencia tributaria catalana. Desde la Vicepresidència se sostiene que su actuación y contratación pública se enmarca dentro de la ley y en desarrollo de las competencias que tienen conferidas. Se alega que se investigan intenciones y no hechos, pero a nadie se le escapa que la estrategia del fiscal puede hacer mella entre las empresas adjudicatarias de la Generalitat y ser más efectiva que la actuación del Gobierno del PP.
Rajoy admitió en La Vanguardia que la cuestión catalana es la que le ocupa más tiempo pero –tras confesarse en su investidura sabedor de la necesidad de hacer algo sin saber qué– ni la operación diálogo ha tenido continuidad ni la palabra presidencial sirve como prenda. Su promesa de inversiones millonarias choca con la realidad del presupuesto presentado por Montoro, que las sitúa en próximos ejercicios cuando el referéndum está previsto para septiembre.
Si el objetivo era crear un clima propicio para que los independentistas de nuevo cuño y los indecisos resituaran sus preferencias, la oferta llega tarde y mal. Así que volvemos a los tribunales. La línea de ataque del Gobierno está ahora en el otro presupuesto, el de la Generalitat. En su recurso ante el Tribunal Constitucional, avisa de que no es “una impugnación más” y asume que “lo cierto es que esta vez se pretende culminar el llamado proceso constituyente” con un referéndum. Con la lección del 9-N, el tribunal, como la Fiscalía, quiere actuar sobre el origen, no sobre las consecuencias. El Govern ya acumula un repóquer de apercibimientos, el último con la prohibición de iniciar, tramitar, informar, dictar, preparar, licitar, ejecutar…. acciones para celebrar la consulta. Avisos recurrentes sobre una posible desobediencia que los miembros del Consell Executiu asumen públicamente como si fueran medallas al valor. Pero ¿y las empresas? Está por ver si piensan que, en los negocios, el valor, como todas las virtudes, también tiene sus límites.
La investigación de la Fiscalía ha desatado las prevenciones en el Govern sobre las estructuras de Estado