Denuncias falsas para unas vacaciones gratis
Los hoteleros baleares piden ayuda al Gobierno ante el alud de acusaciones infundadas de británicos que ocasionan pérdidas millonarias
La proximidad de la temporada turística ha puesto en alerta a los hoteleros de Baleares. El sector intenta protegerse ante una nueva avalancha de falsas denuncias presentadas por miles de clientes británicos con el único objetivo de conseguir unas vacaciones gratis. Esta práctica se ha extendido en los últimos años y sólo el pasado verano la presentación de quejas se incrementó en un 700 por ciento hasta alcanzar la cifra de 10.000 reclamaciones. Un escándalo de proporción mayúscula que se tradujo en más de 50 millones de pérdidas.
Un panorama desalentador que ha obligado a la Federación Hotelera de Mallorca a reclamar la intervención del Gobierno español a quien solicitan una actuación diplomática con el Gobierno del Reino Unido para atajar el fraude.
El timo perpetrado por miles de turistas británicos es simple y se repite de forma prácticamente idéntica. Básicamente, consiste en presentar una denuncia por una presunta intoxicación alimentaria. De igual forma también se aportan las pruebas documentales con las que se intenta demostrar la enfermedad: un recibo de la farmacia que acredita de la compra de un conocido medicamento que no precisa receta y se utiliza para combatir dolores intestinales, intoxicaciones alimentarias o digestiones pesadas. Es la única prueba de cargo contra los hoteleros que son denunciados ante la justicia británica donde la legislación permite presentar la reclamación hasta cinco años después. Una premisa que aterroriza a los hoteleros ya que en los últimos meses la presentación de denuncias se ha producido de manera constante.
Presentada la denuncia, la legislación británica obliga a la empresa con la que se contrató las vacaciones a demostrar que no intoxicó a los clientes. Dado que un litigio de estas características puede comportar un gasto que se aproxima a las 50.000 libras (58.000 euros), los turoperadores (en la mayoría de los casos) renuncian a pleitear asumiendo el hotel el pago de una indemnización. Un extremo que se produce al amparo de los contratos firmados por los establecimientos con los grandes mayoristas y por los cuales se comprometen a asumir todos los daños sufridos por los huéspedes.
Es por ello que el sector reclama la adopción de medidas diplomáticas ya que atribuyen sus pérdidas a la aplicación de la legislación de un país europeo.
Para combatir el fraude los hoteleros ya han anunciado que extremaran la vigilancia en sus establecimientos así como en sus inmediaciones. La razón de este incremento de celo hay que buscarla en el modus operandi que da pie al alud de denuncias. El pasado verano proliferaron los despachos de abogados especializados en la tramitación de estos procesos. Se trata de bufetes que desplazan a sus comerciales a los hoteles para la captación de futuros demandantes.
Estos comerciales incitan a los turistas a demandar al hotel prometiéndoles indemnizaciones o, en el peor de los casos, el reintegro de los costes por las vacaciones. Habitualmente, estos abogados ofrecen sus servicios de manera gratuita y solo cobran su minuta en caso de que el cliente consiga algún tipo de indemnización. Se ha dado el caso de detectar la presencia de estos abogados engatusando a los clientes dentro del mismo hotel.
De momento, los hoteleros ya han mantenido diferentes encuentros con la embajada británica en España.
Tímidamente, las autoridades anglosajonas se han limitado a advertir a sus compatriotas que la presentación de falsas denuncias supone un delito tipificado por la legislación española. Y poco más.
Abogados ingleses captan a turistas para que reclamen por supuestas intoxicaciones