La Sindicatura envía a la Fiscalía las irregularidades de Marina Badalona
La fiscalización de la empresa pública Marina Badalona SA que ha llevado a cabo la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha originado cuatro expedientes en los que se detallan las irregularidades detectadas, algunas de ellas, más allá de las propias de la gestión empresarial, por lo que han sido derivadas a la Fiscalía. La Sindicatura aprecia la existencia de responsabilidades que corresponde dirimir a la jurisdicción competente, como la venta de parcelas públicas a precio mucho más bajo que el del mercado.
Según el expediente cuarto de la Sindicatura, que hace referencia a la gestión de Marina Badalona (MBSA), el organismo fiscalizador, del análisis detallado de todas las operaciones y de su contenido, entiende que existen irregularidades en los acuerdos por parte del consejero delegado. Precisamente, desde diciembre, un juzgado investiga la responsabilidad de Juan Felipe Ruiz y Francesc Panella como ex consejeros delegados de la empresa pública badalonesa.
“De las operaciones se desprenden irregularidades relativas a transacciones de alienación de patrimonio, a precios inferiores a su valor de mercado”. Así reza el informe que la Sindicatura ha enviado a la Fiscalía, junto a otras supuestas infracciones tales como la adquisición de compromisos “no asumibles por la administración” como la resolución de trámites o el hecho de asumir gastos de reparcelación de terceros. El informe, también detalla que se adjudicaron obras “sin cumplir con los principios de publicidad, concurrencia e imparcialidad” que deben regir la contratación pública.
Durante el periodo fiscalizado, según la Sindicatura de Comptes, sorprende que el consejero delegado tuviera poder para actuar en nombre de MBSA sin la autorización previa del consejo de administración y “dispusiera de una firma bancaria unipersonal, lo que supone un riesgo en la gestión y control de la empresa”. Así, MBSA vendió fincas para evitar sentencias favorables a las denuncias de varias empresas promotoras a 617 euros el metro cuadrado, cuando quince meses más tarde el mismo espacio se pagó a 1.365 euros el metro.
En la misma línea, los contratos de emergencia para el dragado de arenas de la dársena pesquera presentan incidencias relativas a la falta de la declaración de emergencia. Hasta siete contratos y cinco modificaciones posteriores fueron adjudicados de forma directa, pese a que comportaban una modificación de las condiciones del contrato inicial y que incrementaron el coste de la obra en 23,88 millones de euros, un 138,7% con respecto al importe inicial. De los 26 contratos analizados, se desprende que 12 de ellos no pasaron por ningún procedimiento de licitación, entre ellos el referente a la explotación de un hotel y locales comerciales en el puerto.
El dragado de la dársena pesquera se adjudicó directamente y supuso un incremento de 23,8 millones