Rajoy declarará como testigo en el juicio por la caja B del PP
La Audiencia cita al presidente pese al rechazo del fiscal del caso Gürtel Los populares consideran un “abuso de derecho” la decisión del tribunal
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá comparecer para declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. Lo acordó ayer el tribunal de la Audiencia Nacional ante el que se celebra la vista. Ahora, los magistrados tendrán que decidir si permiten que esa comparecencia tenga lugar por videoconferencia.
La resolución de la Audiencia supone una nueva piedra en el camino para el PP y para los esfuerzos que realiza con el fin de alejarse de las derivaciones judiciales de los casos de corrupción. De ahí que el mayor interés sea ahora reducir en lo posible los daños de una comparecencia judicial del presidente, aunque sea como testigo, en la que le preguntarán por la supuesta caja B del PP y en la que pueden aparecer incluso los SMS de ánimo a Luis Bárcenas. Hay precedentes, en este sentido, de que las manifestaciones de aforados que declaran como testigos han podido realizarse mediante videoconferencia. En la Audiencia Nacional, una de las últimas fue la de Artur Mas en el juicio oral por el cerco al Parlament.
La decisión del tribunal de acceder a la petición de que declare Rajoy se adoptó sin unanimidad. Esta vez, la resolución se tomó por dos votos a uno. En dos ocasiones anteriores, los jueces habían rechazado que Rajoy prestara declaración. Lo estimaron innecesario. Hasta ayer. La petición para que se cite al presidente fue presentada en todos los casos por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acción popular en este proceso penal.
En el PP nadie esperaba la citación. La dirección popular estaba convencida de que los argumentos con los que se había rechazado anteriormente las peticiones para que Rajoy declarara volvían a ser válidos. No fue así y la prioridad ahora del PP y del Gobierno es encontrar la fórmula más discreta para que Rajoy declare como testigo y que su comparecencia “no se convierta en un espectáculo”.
La sensación mayoritaria en el PP y en el Gobierno es que se pretende poner a Rajoy en la picota y desestabilizar así a un Gobierno sin mayoría, obligado a negociarlo todo y que tiene pendiente la aprobación de los presupuestos. Por eso, los colaboradores de Rajoy estudian la ley de Enjuiciamiento Criminal y creen que el presidente podría acogerse a la posibilidad que otorga el artículo 703 a los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ, Tribunal Constitucional y presidentes autonómicos a que se les tome declaración “de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo”, y en concreto el apartado 3 del artículo 412 habla de que se les podrá tomar declaración “en su domicilio o despacho oficial”.
Con estas cautelas, desde la Moncloa se apresuraron a decir que el presidente del Gobierno cumplirá con su obligación y está dispuesto “a colaborar con la justicia”, y precisan que será llamado a declarar como testigo, aunque creen que desde la oposición tratarán de equiparar ese llamamiento con una imputación o una inculpación. Lo que se pretende, sostienen, es utilizar su citación “como arma política” y poder involucrar así a Rajoy en la corrupción de la que tanto ha intentado desvincularse.
En sede procesal, en todo caso, el PP hizo uso de sus derechos para oponerse frontalmente a la comparecencia solicitada. El abogado de los populares, Jesús Santos, consideró que la práctica de dicha prueba fomentaría el “circo mediático”.
El cambio de criterio de la Au- diencia es a su vez consecuencia de la marcha del juicio oral. Los magistrados ya advirtieron con anterioridad que podrían replantearse su negativa durante la vista. La Fiscalía, en cambio, ha mantenido siempre que el testimonio de Rajoy es irrelevante. El motivo reside en la creencia de que tras las declaraciones de los principales inculpados, como el extesorero Luis Bárcenas y Francisco Correa, ya hay suficientes datos sobre la existencia de la caja B del PP, por lo que no habría necesidad de que se le pregunte al respecto al líder del partido.
A juicio de la Fiscalía, la propia vista ha puesto de relieve pruebas suficientes sobre el manejo de la caja B del PP. Y, precisamente por ello, la acusación pública no cree que le resulte preciso remachar más ese clavo. Por esa misma evidencia que atribuye a los testimonios escuchados por los magistra-
LOS ANTECEDENTES La Audiencia había rechazado en dos ocasiones que Rajoy fuese citado
LA REACCIÓN La Moncloa expresa su voluntad de colaborar con la justicia, pero ve un uso político del caso
LOS MOTIVOS La acción popular quiere que el líder del PP hable sobre las actividades de Bárcenas
dos y al conjunto de las pruebas practicadas, la fiscal del caso, Concepción Nicolás, estima que la presencia del líder de los populares resulta innecesaria.
Las dos ocasiones anteriores en las que se rechazó la declaración del presidente como testigo se produjeron en febrero y en octubre del año pasado, respectivamente. En el primer caso, la negativa llegó cuando se estaban preparando las pruebas que se practicarían en la vista, y en el segundo cuando dio comienzo el juicio propiamente dicho. Ya en la primera ocasión, el tribunal rechazó la propuesta haciendo paralelamente una precisión. Y dijo que no veía entonces razón suficiente para citar a Rajoy “sin perjuicio de que en otro momento pueda acordarse por la Sala que testifique de considerarlo necesario a la vista del desarrollo del juicio oral”. Ese momento es el que ha llegado ahora.
En todo caso, el enfrentamiento dialéctico previo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y diversas defensas, por un lado, y la acción popular ejercida por Adade, por otro, resultó particularmente intenso. La tesis de Adade es que Rajoy fue secretario general del PP, y en esa condición debía conocer las actividades del extesorero popular, Luis Bárcenas, al frente de la contabilidad paralela de la que se habría valido la organización.
La Fiscalía calificó a su vez de “inútil” la declaración de Rajoy, porque las manifestaciones de acusados y testigos han confirmado a su entender las tesis de la acusación. La fiscal estimó que la citación del presidente sería “redundante” porque los hechos que la acción popular querría poner de manifiesto y confirmar con la declaración del líder popular –como la existencia de la caja B del PP y los beneficios obtenidos de ella por algunos de los acusados– ya han quedado acreditados por otras vías y documentos.
LOS ARGUMENTOS EN CONTRA La fiscal defiende que la declaración de Rajoy es innecesaria y que ya hay pruebas suficientes