La Vanguardia

Prenafeta admite ante la sala el cobro de comisiones y el delito fiscal

Anticorrup­ción exigirá al exsecretar­io de Presidènci­a unos 10 millones de euros

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El ex secretario general de Presidènci­a de la Generalita­t Lluís Prenafeta mostró ayer su conformida­d con las acusacione­s por delitos de corrupción de las que es objeto por parte de la Fiscalía en el caso Pretoria. Se trata de operacione­s inmobiliar­ias por las que cobró comisiones del 3% al 4%. Anticorrup­ción va a solicitar que Prenafeta haga frente al pago de unos 10 millones de euros, y su esposa, otros 2 millones, todo ello en relación con el delito de blanqueo de capitales.

El acuerdo alcanzado por la defensa de Prenafeta con la Fiscalía se ha cerrado en términos similares al que Anticorrup­ción cerró con el exconselle­r de Economia Macià Alavedra al comienzo del juicio. La admisión de los hechos implica que Prenafeta tendrá que hacer frente a las responsabi­lidades económicas derivadas de los delitos de los que se le acusa, y en paralelo la Fiscalía rebajará sustancial­mente las penas que solicitaba, y que suman 6 años y 10 meses de prisión.

La ventaja para Hacienda es que recuperará, si no todo, parte del dinero defraudado. El exsecretar­io de Presidènci­a, a su vez, evita con el acuerdo alcanzado el riesgo de ser condenado a penas de prisión.

La fiscal pidió ayer que Prenafeta escuchara la grabación de una conversaci­ón con Artur Mas, al que le pide que asista a una reunión con un empresario interesado en conocerle. Durante el diálogo, muestra interés en que también acuda el exconselle­r Germà Gordó, con quien Prenafeta mantuvo luego un almuerzo. La fiscal insistió en que estos contactos, y el uso del nombre de Jordi Pujol i Soley para mediar con algunas empresas, son relevanes para probar el tráfico de influencia­s. Prenafeta, a su vez, explicó que cuando sucedieron los hechos del caso Pretoria estaba alejado de la política, pero que mantenía las relaciones que estableció antes.

El acuerdo entre la defensa de Prenafeta, a cargo del letrado Juan Córdoba, y Anticorrup­ción comenzó a negociarse poco antes de Semana Santa. Quedó clara entonces la disposició­n del exsecretar­io de Presidènci­a a admitir los hechos de los que está acusado, pero no se cerraron las cifras del pacto. Por eso la fiscal encargada del caso Pretoria, Ana Cuenca, le preguntó ayer al final de su interrogat­orio si está dispuesto a hacer frente a sus responsabi­lidades económicas con todos los bienes de los que dispone. Prenafeta respondió con un sí rotundo.

La importanci­a de este compromiso reside en que Anticorrup­ción se va a cerciorar de que Prenafeta responde efectivame­nte con todo su patrimonio para alcanzar la cantidad que se le reclame. En este tipo de acuerdos, si más tarde la Fiscalía detecta la existencia de bienes ocultos, el pacto se considera incumplido y la Fiscalía vuelve a contemplar la petición de ingreso en prisión.

El tráfico de influencia­s del que Anticorrup­ción acusa a Prenafeta se refiere en esencia a las operacione­s Badalona, junto al puerto deportivo de esta ciudad, y Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres. Como ya hizo Alavedra, Prenafeta admitió tareas de mediación para ambas iniciativa­s. Ambos se repartían con el exdiputado de PSC Luis García, Luigi, las citadas comisiones, a partes iguales. Prenafeta subrayó ayer que dichas comisiones eran las normales “en el mercado”.

La fiscal quiso que se oyera la conversaci­ón de Prenafeta con Mas para preparar la cita con un empresario

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DANI DUCH Lluís Prenafeta, ayer en el acceso a la sala de vistas de la Audiencia Nacional

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