Barcelona estudia una tasa para las visitas guiadas
El Ayuntamiento perfila nuevos gravámenes a la ocupación del espacio público
ACUERDO A LA BAJA El gobierno municipal pacta una serie de medidas a partir de una propuesta de la CUP
OBJETIVO INMEDIATO Se recupera la intención de regular el número de autocares en las zonas más saturadas
Las intenciones del gobierno de Ada Colau de gravar un poco más las actividades turísticas comienzan a concretarse. La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una propuesta, transaccioturísticamente nada por el gobierno (BComú y PSC) a partir de una iniciativa mucho más radical que había presentado la CUP que plantea el establecimiento de nuevas tasas. La propuesta, que obtuvo el apoyo de ERC, la abstención de PDECat y el voto en contra de PP y Ciutadans, compromete al equipo de la alcaldesa a ordenar la ocupación del espacio público por parte de las empresas de visitas guiadas, ya sea mediante la aprobación de una nueva ordenanza, la obtención de una licencia municipal o una tasa de nueva creación. Además, se estudiará la viabilidad de otra tasa para utilizar la vía pública en el alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal y se recupera la intención, que no prosperó por falta de apoyos políticos en las ordenanzas fiscales para el 2017, de aplicar otra tasa por el uso de espacios reservados para aparcamiento de autocares turísticos.
La negociación con la CUP acabó expulsando del texto finalmente aprobado el propósito del grupo antisistema de crear una tasa por la ocupación de las aceras en aquellas zonas más saturadas y en las que se suelen formar colas, como la Sagrada Família, la Pedrera, el Camp Nou y la entrada de algunas discotecas. La propuesta de la CUP quedó muy suavizada. El texto final insta al gobierno a trabajar con todos los instrumentos municipales posibles por la “internalización de las colas a los recintos de concurrencia pública”, una fórmula que ya aplica la Sagrada Família desde julio del año pasado.
Una de las medidas que podrían extenderse a toda la ciudad es la de la regulación de los autocares turísticos que circulan por la ciudad y aparcan en ella. Esta fórmula ya se está aplicando desde hace un tiempo con los vehículos que acercan a miles de visitantes a la Font Màgica de Montjuïc. En cualquier caso, aparte de las medidas perfiladas ayer, el concejal de Turismo, Agustí Colom, anunció que el Ayuntamiento está trabajando con los diferentes operadores del sector para intentar reducir la ocupación del espacio público barcelonés.
Las duras críticas que las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad dirigieron hace pocos días al gobierno municipal protagonizaron también la sesión de ayer de la comisión de Economía. La mayor parte de los concejales de la oposición aprovechó para poner de manifiesto las dificultades del equipo de BComú y PSC para lidiar con la pequeña y mediana empresa de la ciudad. Una vez más, y no podía ser de otro modo ahora que entramos en la temporada estival, las políticas municipales para hacer frente al top manta fueron empleadas como arma política arrojadiza. Los diferentes grupos de la oposición entienden que las medidas de inserción laboral puestas en marcha por el Ayuntamiento para resolver este problema, unas medidas de las que apenas se están beneficiando en estos momentos 69 exmanteros, son mucho más que un resultado decepcionante. También pueden constituir un peligroso efecto llamada. Que el Ayuntamiento planee llevar a cabo próximamente una campaña de concienciación ciudadana para desincentivar a los posibles compradores del top manta también se antoja insuficiente de cara al verano.
Los ediles quisieron subrayar de este modo la profunda brecha que está abriendo entre la administración local y una parte fundamental del tejido productivo de la ciudad. También recordaron que los restauradores, la patronal y los diseñadores abandonaron recientemente la comisión técnica de terrazas. Pero las diferencias entre los diferentes grupos de la oposición impidieron que sus sucesivos varapalos dialécticos alcanzaran una mayor consistencia política. El PP pretendía forzar al gobierno a elaborar un nuevo plan de choque contra la venta ambulante irregular, una medida que podría encontrar el apoyo del resto de los grupos, pero su voluntad de rechazar la cooperativa de exmanteros recientemente promovida por el Ayuntamiento no obtuvo el consenso necesario para salir adelante. Los populares únicamente encontraron el apoyo del grupo Demòcrata y de Ciutadans. ERC calificó muy duramente la iniciativa del PP.