El Govern convoca 7.721 plazas de empleo público
La nueva oferta sólo permite reponer una parte de las bajas
El Govern aprobó ayer la convocatoria de 7.721 plazas de empleo público en lo que constituye la mayor oferta de este tipo desde el 2011 y la primera que se lleva a cabo en los dos últimos años. En la última convocatoria, del 2015, salieron al mercado 1.230 plazas. En un comunicado, el Departament de Presidència de la Generalitat destacó que de las 7.721 plazas, la mayoría se destinarán “a cubrir ámbitos y sectores considerados prioritarios y que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. En concreto, saldrán a concurso 2.500 plazas para médicos y enfermeras, 2.000 profesores, 505 policías, 301 funcionarios de prisiones, 150 bomberos y 100 agentes rurales, entre otros colectivos.
Del total de las plazas que se ofrecerán, se garantizará que un mínimo del 7% se reservarán a personas con discapacidad: el 5%, para discapacitados físicos y el 2% restante, para los que tengan una discapacidad intelectual declarada.
La macroconvocatoria de empleo público fue planteada por el Govern a los sindicatos CC.OO., UGT e IAC-Catac en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Catalunya la semana pasada. En esa ocasión, los representantes sindicales se mostraron insatisfechos por no haber podido negociar nada sobre el plan y reclamaron avances para solucionar la situación en la que se encuentran los alrededor de 48.000 interinos que hay en Catalunya.
Los sindicatos también reclamaron al Govern que presentara en el plazo de quince días una propuesta de calendario de devolución de las pagas extras del 2013 y el 2014, así como otros derechos perdidos a raíz de los recortes durante la crisis, como el Fondo de Acción Social. De momento, el Govern no ha atendido estas reclamaciones, pero no ha tardado ni una semana en anunciar la mayor convocatoria de plazas de la década.
Ayer, tras la aprobación de la convocatoria, el Govern destacó que la cifra de plazas correspondía a las tasas de reposición acumuladas de los años 2016 y 2017, que alcanza el 100% en el caso de los colectivos considerados prioritarios y se queda en sólo el 50% para el resto. Durante buena parte de la crisis, los empleados públicos en España –y también en Catalunya– sufrieron recortes en sus retribuciones y vieron aumentada en muchos casos su carga de trabajo al tener que asumir las tareas de los compañeros que se jubilaban o dejaban temporalmente su puesto. Ahora, la mejora de la situación económica ha permitido empezar a recuperar poco a poco el empleo público destruido durante los largos años de la gran recesión, aunque todavía de forma muy tímida.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo en el pasado debate de política general que una vez aprobados los presupuestos del 2017 afrontaría el problema del empleo público. Tras esta oferta de empleo, el Govern empezará a trabajar en un proceso de estabilización de la plantilla y reducción de la temporalidad con un plan a tres años vista. La idea es centrar el esfuerzo en aquellos sectores en los que es más urgente, como los que tienen interinos ocupando plazas de funcionarios públicos desde hace tres años o más.
La macroconvocatoria es la mayor desde el 2011 y pondrá el acento en varios sectores prioritarios