Nuevo golpe al PP de Aguirre por un caso de corrupción
Detenido el expresidente de Madrid Ignacio González por el Canal de Isabel II Rebelión de los fiscales por el intento de frenar la operación
Registro en el despacho.
Después de ser detenido, el expresidente madrileño fue conducido por la Guardia Civil hasta unas oficinas en la calle de Alcalá de la capital para su registro en busca de documentos
La operación Lezo busca aclarar la compra de empresas por encima de su valor Las pérdidas del Canal por las operaciones fraudulentas pueden alcanzar los 35 millones
Nueva operación de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por un caso de corrupción que afecta al PP en la Comunidad de Madrid. Esta vez llueve sobre mojado. O mejor, sobre inundado. La empresa pública afectada es el Canal de Isabel II, la sociedad que gestiona precisamente el suministro de agua a gran parte de la ciudad. Hay 12 detenidos. El principal de ellos, el expresidente del Gobierno autonómico de Madrid Ignacio González, otro antiguo hombre de confianza de la expresidenta regional, Esperanza Aguirre.
La Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, registró la sede del Canal, el domicilio y el despacho de Ignacio González, y la sede de la empresa de su esposa. Se investigan todo tipo de supuestos delitos económicos. La tesis es que González, personas de su familia y entorno y antiguos colaboradores se las ingeniaron para desviar recursos públicos de la citada empresa gestora del servicio de aguas en beneficio propio. ¿Cómo? En parte, con operaciones en el extranjero, mediante la adquisición por parte del Canal de Isabel II de empresas sobrevaloradas. Algunas de ellas, en Brasil –la sociedad Emissao– y en Colombia. Cartagena de Indias ya estaba en el mapa de las peripecias policiales de Ignacio González, quien fue espiado en alguno de sus viajes transatlánticos. La operación Lezo puede que aclare también aquellos episodios.
Para el PP, el despliegue realizado ayer por la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil supone otra caída en el pozo de la corrupción. Justo un día después de que la Audiencia Nacional decidiera aceptar la propuesta de citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio del caso Gürtel, para que declare sobre la caja B del PP. Pero esta vez las reacciones fueron distintas. En el caso de Rajoy el PP reaccionó apretando filas. Su abogado, Jesús Santos, dijo que se persigue un “circo mediático”, En el caso del Canal de Isabel II no caben esos parapetos. Ni se buscan. Fue la propia presidenta actual de la Comunidad, Cristina Cifuentes (PP), quien decidió llevar sus primeras sospechas a la Fiscalía, hace más de un año.
El relevo de González –al que el propio PP consideró quemado– por Cifuentes desembocó, por un lado, en pactos con Ciudadanos y, por otro, obligó a los populares a limpiar armarios. Entre ellos, los del Canal. Cs encajó ayer el golpe. Pidió explicaciones, pero no insinuó siquiera que puedan peligrar sus acuerdos con el PP, aunque Albert Rivera habló ayer de “descomposición” popular en Madrid. A pesar de ello, Cs mantiene su confianza en Cifuentes. La presidenta regional madrileña va a contestar por escrito al cuestionario que le ha preparado el juez Eloy Velasco sobre el caso.