Frenazo municipal al fichero de datos íntimos de los guardias
El Ayuntamiento supedita la creación del archivo al informe de Protecció de Dades
El Ayuntamiento de Barcelona echa el freno al fichero interno de la Guardia Urbana que pretendía recopilar datos íntimos de los agentes que tuvieran abiertos expedientes disciplinarios. La puesta en marcha de esta base de datos irritó profundamente a los sindicatos de policía y los partidos de la oposición puesto que, atendiendo al redactado de la propuesta, la información que se quería recabar concernía a aspectos de la esfera privada de los policías locales como la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial o étnico, enfermedades, la vida sexual, la lengua materna o la lengua vehicular preferente.
La creación de este fichero fue anunciada en febrero sin que trascendiera su contenido hasta principor pios de este mes de abril, mediante la publicación de una resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Ayer, el Ayuntamiento anunció que paraliza el proyecto. Ahora bien, se trata de un frenazo temporal a la espera de lo que determine un informe de la Agencia de Protección de Datos.
El gobierno municipal se avino, ayer en la Comisión de Seguridad, a dejar el proyecto en barbecho y apoyó una propuesta del grupo Demòcrata que fijaba “un aplazamiento de la entrada en vigor del fichero” hasta que se hubiera pronunciado la Agència Catalana de Protecció de Dades. El portavoz del grupo Demòcrata, Joaquim Forn, que fue el máximo mandatario político de la Guardia Urbana el pasado mandato, juzgó “necesaria” la creación del fichero pero siempre que se hiciera siguiendo la legislación vigente y garantizando la protección de datos de los agentes. “La voluntad es que todas las partes tengan garantizada la seguridad jurídica”.
Pese a apoyar la propuesta de posponer el fichero hasta que reúna todas las garantías legales, el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, se mostró indignado con la lectura que la oposición ha hecho del fichero. “Es un despropósito todo lo que he escuchado”, dijo, y se negó a dar marcha atrás ni a hacer una pizca de autocrítica. El responsable político de la Guardia Urbana defendió que el fichero servirá para “reforzar la protección de los datos” de los agentes que sean investigados. “Es falso y malintencionado decir que se hará una recopilación de datos indiscriminada. Sería absurdo e ilegal”.
El propio Recasens aprovechó el caso de pornovenganza de la Guardia Urbana, destapado por La Vanguardia, para defender las bondades del fichero. La oposición le pidió información sobre el subinspector de la Guardia Urbana que será juzgado por difundir a través del correo electrónico una foto sexual de su expareja como venganza haber roto con él. El comisionado de Seguridad aseguró que proporcionaría la información que quede al margen del fichero. “Con este fichero, los datos quedan protegidos. Les daré los datos que no estén”. En ningún momento Recasens puso en duda que la creación de la base de datos estuviera mal planteada, mal redactada o que hubiera dudas sobre si cumplía con la legislación vigente, como le criticó la oposición, sino que reivindicó la necesidad de seguir adelante con la creación de un fichero con el que ya cuentan desde hace años los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Y sentenció que ya tenían previsto pedir un último informe a la Agència de Protecció de Dades “antes de poner en marcha el fichero”. Esta afirmación, sin embargo, contradice el argumentario que figura en la
EL RESPONSABLE, INDIGNADO Recasens arremete contra la oposición y garantiza la protección de los datos
PORTAVOZ DEMÒCRATA Joaquim Forn juzga necesario el registro, pero acorde con la ley
propuesta pactada entre BComú y Demòcrates ya que establece que quienes pidieron el informe a la autoridad de protección de datos fueron “representantes de los afectados” y no el Ayuntamiento.
Menos explícito en la defensa del fichero tal y como está planteado se mostró el PSC, socio de gobierno de BComú. La portavoz socialista Carmen Andrés destacó que la intención del archivo era proteger mejor los datos de los agentes, aunque luego dejó entrever que el proyecto debe ganarse la confianza entre los policías, los ciudadanos y los partidos y, por esta razón, es “necesario tener la resolución de la agencia de protección de datos y ver si hace alguna modificación”.
Esquerra también confía en que este informe le disipe las dudas que le suscita el fichero policial. “Lo que dice el boletín como lenguaje jurídico pone los pelos de punta” y expresó sus reservas por el hecho de que el fichero pueda ser gestionado por una empresa externa.
El único que defendió la creación del fichero con el actual redactado, sin ninguna reserva o modificación, fue el representante de la CUP, Josep Garganté, que recriminó al resto de los grupos que se preocupen de los derechos humanos sólo cuando afecta a los cuerpos policiales. Garganté, siempre atento con la Guardia Urbana, vio en el fichero una buena manera de poder “llevar a cabo una investigación acurada e incluso determinar si ciertos policías tienen vinculaciones con organizaciones criminales de extrema derecha”.
Con todo, Ciutadans y PP no se creyeron las explicaciones del Ayuntamiento y consideran que el fichero de datos es una manera encubierta de clasificar a los agentes de la Guardia Urbana según su ideología. “Lo que está en el espíritu del fichero es crear una policía política suya”, arremetió el portavoz de Cs, Paco Sierra. Por esta razón reclamó la retirada del fichero y que se respeten los derechos de unos agentes que son objeto de “menosprecio constante por el gobierno municipal”.
Por su parte, la portavoz del PP, Ángeles Esteller, también pidió la cancelación del fichero al entender que “vulnera la ley de protección de datos y los derechos fundamentales de los agentes de la Guardia Urbana”. Asimismo, tuvo palabras muy duras contra la alcaldesa, que fue la que avaló con su firma la creación de la base de datos: “Colau quiere fichar a los policías de la Guardia Urbana. No sólo a los delincuentes, sino también a la Guardia Urbana. A veces parece que la alcaldesa esté en contra de su cuerpo policial”.
ABIERTOS A CAMBIOS El PSC ve necesario el informe de Protección de Datos por si caben modificaciones