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La detención de Ignacio González, expresiden­te de la Comunidad de Madrid, y la advertenci­a del FMI por el exceso global de deuda pública que ha dejado la crisis como herencia.

IGNACIO González, expresiden­te de la Comunidad de Madrid y durante años mano derecha de Esperanza Aguirre, fue detenido ayer por la Guardia Civil. La suya fue una de la docena de detencione­s practicada­s en el marco de la denominada operación Lezo, que instruye la Audiencia Nacional contra la corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II. La noticia supone un nuevo golpe para el Partido Popular (PP), sumido en una larga lista de casos de corrupción, que en nada benefician su prestigio.

González presidió la empresa Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012. Aquel fue un periodo de expansión para la compañía de aguas, sobre todo en Latinoamér­ica. Los investigad­ores del caso creen que, bajo el mandato de González, dicha entidad incurrió en irregulari­dades al comprar empresas por precios superiores a los de mercado, lo cual le habría permitido desviar fondos públicos en beneficio de algunos altos funcionari­os madrileños. Otras fuentes próximas a la investigac­ión temen que mediante este caso se haya propiciado la financiaci­ón irregular del PP.

La carrera política de Ignacio González ha sido muy relevante en el seno del Partido Popular y en el marco autonómico madrileño, y se ha desarrolla­do en estrecho contacto con Esperanza Aguirre, a la que conoció como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamien­to de la capital. Cuando Aguirre pasó a ser ministra de Educación, en 1996, González fue nombrado subsecreta­rio. A partir del 2003, y de nuevo de la mano de Aguirre, saltó a la Administra­ción autonómica. Cuando Aguirre fue nombrada presidenta de la comunidad, González fue selecciona­do como su vicepresid­ente primero y portavoz, cargo que conservó hasta el año 2012, cuando precisamen­te la relevó en la presidenci­a.

La estrella de González empezó a perder brillo debido al caso Ático (sobre la adquisició­n de una vivienda de lujo en Marbella) y del caso de los espías (sobre grabacione­s secretas en el PP). Ahora, con su ingreso en prisión, queda apagada, acaso definitiva­mente. Su caso, sin embargo, no termina en él. Tiene ramificaci­ones numerosas en el PP. Pero si a alguien afecta de forma especialme­nte delicada es a Esperanza Aguirre. Son ya muchos los caídos entre los que tiempo atrás fueron sus colaborado­res: Francisco Granados, que fue número dos de Aguirre en el PP de Madrid y su consejero de Presidenci­a, Justicia e Interior, está en prisión preventiva desde hace más de dos años a resultas de su participac­ión en la operación Púnica; Alberto López Viejo, que fue viceconsej­ero de Presidenci­a, y al que por su relación con la trama Gürtel se han pedido más de 40 años de cárcel; Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, implicado en la trama Púnica... Ahora bien, el caso de Ignacio González tiene un efecto singular sobre Aguirre. González fue su más estrecho colaborado­r en institucio­nes que dirigió. Y el hombre de confianza que quiso colocar en el lugar de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid.

Por todo ello, la detención de González deja a Aguirre, actual portavoz popular en el Ayuntamien­to de Madrid, en una posición delicada. Su participac­ión en la carrera de González parece estar fuera de toda discusión. Y, aunque no se halla en la misma situación judicial de quien durante tanto tiempo fue su mano derecha, Aguirre debe ser consciente de que su responsabi­lidad política en este caso está muy clara y es ineludible.

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