Los Veintisiete aspiran a que el Reino Unido pague el coste de la mudanza
Indignados por la determinación de la Unión Europea de llevarse de Londres tan pronto como se consume el Brexit los dos organismos comunitarios con sede en la ciudad (la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia Europea del Medicamento), los políticos y medios euroescépticos británicos se van a llevar un disgusto más cuando sus socios europeos les presenten la factura de la operación.
El Reino Unido deberá “facilitar la mudanza y ayudar a suavizar sus costes prácticos y financieros”, afirmó ayer el portavoz de la Comisión Europea, y así van a planteárselo los Veintisiete. Hay precedentes y la primera ministra británica, Theresa May, los conoce bien. May estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, en el 2012, el Gobierno británico notificó a la UE que ya no deseaba albergar más la Academia Europea de Policía (Cepol), alegando motivos económicos. Mantener la sede de Bramshill, abierta en el 2005, costaba al Gobierno británico cinco millones de libras al año y decidió que le salía más a cuenta vender las instalaciones por unos 20 millones. “Los preparativos para la venta están muy avanzados y necesitamos estar seguros de que el lugar estará libre a tiempo para que la venta pueda seguir adelante”, urgió May a la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, en una carta de mayo del 2014. En la misma carta, la entonces ministra se avenía a participar en los costes del traslado a Budapest, ciudad elegida para albergar la Academia. Hungría también contribuyó económicamente al traslado.
No hay por el momento estimaciones del coste de la repatriación de las agencias de la UE a territorio comunitario. En el caso de la Autoridad Bancaria Europea, creada apenas en el 2011, implica trasladar a unos 160 trabajadores. El desafío es mayor en el caso de la Agencia Europea del Medicamento, en todos los sentidos. Con un presupuesto anual de 320 millones de euros y 790 empleados, el organismo se encarga de autorizar y vigilar la entrada de medicinas al mercado comunitario. Cada año 36.000 expertos internacionales pasan por sus oficinas, actualmente situadas en el barrio londinense de Canary Wharf, lo que se traduce en unas 90.000 pernoctaciones hoteleras. En los 20 años que lleva en funcionamiento se ha labrado una reputación similar a la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos, con cuyos expertos colabora de forma regular. La Agencia no oculta su preocupación por que la salida de Londres se torne en fiasco. “Lo que realmente temo es que ocurra algo durante el periodo de transición, sería un auténtico riesgo para la salud pública”, ha declarado el director de la Agencia, Guido Rasi, en una entrevista con Reuters.