Abiertos en Canal
El Canal de Isabel II sustituyó a la arruinada Bankia como palanca financiera del ‘turbo-Madrid’ y ha sido escenario principal de la lucha interna del PP madrileño
La súbita detención del expresidente madrileño Ignacio González por irregularidades en el Canal de Isabel II, en el marco de la operación Lezo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, es sólo la ruidosa traca final (aunque quizá no definitiva) de la inmisericorde decadencia del legado de Esperanza Aguirre, pero también de un rosario de irregularidades de la sociedad pública –presuntas unas, fehacientes otras–: actuaciones urbanísticas ilegales, casos de nepotismo en la colocación de personal y la contratación de empresas de amigos y familiares, ruinosas operaciones internacionales multimillonarias, espionajes entre cargos del PP pagados con cargo a la sociedad, convenientes incendios de archivos, y enriquecimientos colosales, tanto de directivos de la sociedad como de sociedades filiales y subcontratadas, a menudo en manos de parientes.
El Canal de Isabel II es, en muchos sentidos, una segunda Bankia, en la medida que su músculo financiero fue perentorio para el turbo-Madrid cuando la caja empezó a dar boqueadas. Con un presupuesto superior a los mil millones de euros, Canal (conocido por las siglas CYII) es un gigante de tales dimensiones que su actividad rebasa tanto la mera gestión del ciclo del agua de la región de Madrid como las fronteras españolas. Pero su historia empieza hace casi cinco siglos.
La pequeña villa manchega a la que Felipe II decidió trasladar la sede de la corte en 1561 siempre tuvo problemas de abastecimiento de agua. Felipe II fue, por así decir, el Bugsy Siegel español del siglo XVI, y se topó con el mismo problema que el famoso emprendedor que fundó Las Vegas: abastecer de agua una urbe surgida de la nada, en mitad de un secarral. La villa tenía como única provisión el modestísimo Manzanares, apenas un riachuelo.
La ciudad se las había apañado cavando pozos de abastecimiento hasta que Juan Bravo Murillo, presidente del consejo de ministros, ordenó en 1851 la construcción de un gran canal que vertiera en la ciudad las aguas del río Lozoya, procedentes de la llamada Sierra Norte. Se inauguró en 1858, bajo el reinado que le da nombre. La ambición de la operación garantizó más de un siglo de agua para una ciudad que nunca ha dejado de crecer.
En 1977, el Canal de Isabel II, cuyo nombre ya era una metonimia (la parte por el todo) pues era titular, constructor y gestor de toda una trama de canales en la región, se constituyó en empresa pública y cinco años después su titularidad pasó a la Comunidad de Madrid. En el 2012, se creó una sociedad anónima, Canal de Isabel II Gestión (el término final fue eliminado de nuevo en el 2016), que es la matriz del Grupo Canal, que opera también en Latinoamérica. Entre los habitantes de la región de Madrid y las operaciones en América Latina, provee de agua a más de nueve millones de personas.
Los casos vinculados a esta sociedad han saturado en los últimos años los juzgados de la capital. Junto con la Iglesia, CYII ha sido uno de los mayores titulares de suelo de la ciudad, posee espacios expositivos y sobre sus terrenos se han levantado infraestructuras como los Teatros del Canal o el parque Santander, en el noroeste del Madrid intramuros –el cercado por la M30–, un espacio que debía convertirse en parque público al liberarlo el Canal, pero que Esperanza Aguirre convirtió en un campo de golf, declarado luego ilegal por la Justicia.
Los sucesivos gobiernos de la comunidad de Madrid de Aguirre e Ignacio González dirigieron las operaciones y defendieron a capa y espada la gestión, siempre bajo sospecha, de la sociedad pública que Aguirre quiso privatizar en el 2008 conservando el 51% de las acciones. Sin embargo, la caída del aguirrismo y la llegada de Cifuentes lo cambiaron todo. En junio del año pasado, tras las denuncias del resto de partidos, Cifuentes facilitó a la Fiscalía documentación que comprometía a sus predecesores. Reemplazó a la directiva de CYII para una depuración que acabó en intento de derribo controlado del entramado. La duda que planea ahora sobre el PP de Madrid es si Cristina Cifuentes ha calibrado bien la cantidad de explosivo empleado o va a desencadenar una reacción en cadena cuyos daños colaterales nadie en el partido puede aún prever.
Cifuentes renovó la cúpula de la empresa e inició un derribo controlado de imprevisibles consecuencias