Un tribunal acusa a Monsanto de ‘ecocidio’
Propone un nuevo concepto jurídico para la Corte Penal Internacional
El dictamen imputa a la multinacional el “pago de sobornos para informes de investigación falsos”
“Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional –algo que no ocurre de momento–, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciales y duraderos a la diversidad biológica y a los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas”. Es una de las conclusiones de la resolución (opinión no vinculante) aprobada en La Haya (Holanda) el 18 de abril por el denominado Tribunal Internacional Monsanto, un órgano informal en el que han participado cinco juristas de prestigio internacional que han analizado el impacto ambiental y sanitario de las actividades de la multinacional. Monsanto, que produce semillas genéticamente modificadas y polémicos pesticidas, ha rechazado las conclusiones de este tribunal, “organizado con un resultado predeterminado”.
El documento difundido por este Tribunal Internacional Monsanto entiende por ecocidio aquel que “daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de los ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
El Tribunal opina que “ha llegado el momento de proponer que se establezca el nuevo concepto jurídico de ecocidio y que éste se integre en una futura versión enmendada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. La resolución propone que, “además de la responsabilidad penal, debería reconocerse y asegurarse la responsabilidad civil de las empresas por el crimen de ecocidio, incluida la obligación de restaurar el ambiente y la integridad de los ecosistemas y la obligación de compensar el daño causado”.
El dictamen culpa a Monsanto de “desacreditar la investigación científica independiente cuando plantea serios interrogantes sobre las consecuencias ambientales y de salud pública que tienen sus productos, incluso tratando de socavar el empleo o el puesto titular de los autores de tales informes”. Más acusaciones: “Pagar sobornos para que se elaboren informes de investigación falsos, como los presentados por terceros que actúan a su favor y que no revelan su relación con Monsanto” o “presionar e incluso sobornar a gobiernos y funcionarios públicos para que aprueben los productos de Monsanto pese a los informes creíbles y de base científica que recomiendan denegar tales aprobaciones”. El gigante de agroquímicos y transgénicos replicó que este tribunal lo forman “un grupo selecto de antitecnología agrícola y anti-Monsanto críticos que jugaron a ser organizadores, juez y jurado” y negó “la evidencia científica existente y los resultados judiciales”. “Seguimos comprometidos con un diálogo genuino con los que están sinceramente interesados en la agricultura sostenible”, agregó el grupo en un comunicado.