El golpe judicial al PP de Madrid desata otra tormenta sobre la Fiscalía
La oposición exige al Gobierno que aclare si intentó limitar las investigaciones
La operación Lezo contra la corrupción en el PP de Madrid ha abierto un nuevo episodio de crisis en la Fiscalía. La oposición va a exigir explicaciones y responsabilidades por los supuestos intentos de limitar las investigaciones. Sus críticas no sólo se dirigen al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, sino al fiscal general, José Manuel Maza, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quienes ven detrás de la primera instrucción dada a los fiscales del caso para que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González no fuera detenido y para que algunas sedes de la Administración autonómica y de empresariales relacionadas con el escándalo del Canal de Isabel II no fuera registradas por ahora.
“¡Se van a tener que hinchar a dar explicaciones!”. Esta fue la advertencia que ayer lanzó el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, al ministro de Justicia e incluso al de Interior, Juan Ignacio Zoido, así como al fiscal general. Los dos primeros, según las peticiones de comparecencia urgente que los socialistas registraron ayer en el Congreso, para que expliquen “la información de que disponía su departamento acerca de las actuaciones que han dado lugar a la denominada operación Lezo, y de las actuaciones llevadas a cabo para esclarecer posibles filtraciones dirigidas a advertir de estas actuaciones al expresidente de la Comunidad de Madrid”, Ignacio González, detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil por haber convertido la empresa pública Canal de Isabel II en otra presunta cloaca de corrupción y desvío de fondos públicos a bolsillos privados.
La nueva comparecencia de Maza en el Congreso, tras su reciente visita por la polémica actuación de su Fiscalía en el proceso contra el ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es para que explique “los criterios de actuación” de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Manuel Moix, en este nuevo escándalo. “Es inadmisible que por parte del Gobierno y de sus distintas instancias se haya intentado obstaculizar, obstruir o sabotear una investigación sobre corrupción que afecta a un expresidente de la Comunidad de Madrid, pero que forma parte de la corrupción sistémica que afecta al PP”, denunció Hernando.
La Fiscalía General trató de salir al paso de las acusaciones con un comunicado en el que por un lado califica de “falso” que el fiscal jefe de Anticorrupción “haya intentado obstaculizar la investigación” de la operación Lezo, y por otro admite que se registraron “puntuales discrepancias técnico-jurídicas” en dicha Fiscalía. Las disensiones, en efecto, existieron, hasta el punto de que obligaron a convocar una junta de fiscales en la que se comprobó que la postura del fiscal jefe apenas tenía apoyo entre sus subordinados. De hecho, a la junta asistió una veintena de fiscales y la postura del fiscal jefe sólo obtuvo el apoyo de dos votos.
En ese momento, Moix se allanó ante el criterio mayoritario y permitió que Anticorrupción apoyase la detención de Ignacio González y que fueran registradas las dependencias de organismos y sociedades relacionadas con la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la empresa que gestionaba a las compañías controladas por el Canal de Isabel II en diversos países de Latinoamérica. Moix creía que había que separar este asunto del resto de la investigación porque se trata de unos hechos ocurridos en el 2001 y que estimaba que debían tratarse aparte por ser anteriores al núcleo de las diligencias.
La oposición, a su vez, salió en tromba ante la escalada de escándalos de corrupción que siguen salpicando al PP, un día después de que Mariano Rajoy fuera cita a declarar por la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gürtel, proceso en el que ayer mismo también declaró Esperanza Aguirre. Tanto el PSOE como Unidos Po-
ANTE LA OPERACIÓN LEZO La Fiscalía General del Estado admite que hubo “discrepancias técnico-jurídicas”
demos y Ciudadanos –la mayoría parlamentaria que fue incapaz de ponerse de acuerdo para echar a Mariano Rajoy de la Moncloa y finalmente le permitió seguir gobernando– se llevaron ayer las manos a la cabeza.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, incluyó ya a Ignacio González como “invitado especial” en el autobús con el que sigue recorriendo el mapa de la corrupción en Madrid, y exigió la dimisión de Esperanza Aguirre, que sigue siendo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, contra viento y marea, aunque sea ya entre lágrimas. “¡Es la condesa de una charca que está llena de ranas!”, clamó Iglesias contra la otrora lideresa del PP madrileño que se vanagloriaba de haber nombrado más de 500 cargos durante sus mandatos, y apenas dos le habían “salido rana”. Pero ya son más de veinte los cargos de su confianza que han sido imputados por corrupción, enumeró el líder de la formación morada.
Iglesias insistió en defender una moción de censura contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también del PP. Una iniciativa que el PSOE estaría encantado de impulsar, para colocar al exministro Ángel Gabilondo en el trono de la Puerta del Sol, pero que no se puede materializar porque, según critican los socialistas, “Ciudadanos no se mueve y no se va a mover, y así no hay nada que hacer”.
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también exigió ayer el cese “inmediato” del fiscal Anticorrupción por “proteger al PP” en un sinfín de casos de corrupción. No en vano, se han difundido pinchazos telefónicos a Ignacio González en los que comentaba a Eduardo Zaplana su predilección por Manuel Moix, meses antes de ser nombrado para el cargo. Garzón anunció igualmente que instarán a la reprobación del ministro de Justicia, y también reclamarán la comparecencia de Catalá, de Maza y de Moix en el Congreso ante la gravedad del escándalo desatado.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vuelve a sentir la presión universal al tener comprometido el apoyo a los presupuestos de Rajoy y al Gobierno de Cifuentes, en medio de este vendaval. “Es de una gravedad extrema, si es cierto”, admitió ayer Rivera, que no obstante también reclamará la comparecencia de Catalá. “El ministro y el Gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales y de chivatazos”, aseguró. “Es extremadamente grave que quien tiene que investigar un delito dé instrucciones de no investigar delitos”, alertó el líder de la formación naranja.
PSOE Los socialistas piden la comparecencia de Maza, Catalá y Zoido en el Congreso
CIUDADANOS “El Gobierno tiene demasiadas sospechas de control sobre los fiscales y de chivatazos”