Registros en cadena sobre la financiación ilegal del PP
La Fiscalía pedirá hoy que Ignacio González vaya a prisión
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco multiplicó ayer su actividad en busca de pruebas sobre las distintas conexiones de los casos de corrupción que instruye su juzgado, entre ellas las relativas a la financiación ilegal del PP. El magistrado y Anticorrupción estiman que hay relación entre el caso del Canal de Isabel II y las vinculaciones de algunas empresas con organismos de la Comunidad de Madrid. Para esclarecer los hechos, ayer se efectuaron registros en la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y en las sociedades OHL, Indra, Licuas, Saerco y PricewaterhouseCoopers (PwC), entre otras. Paralelamente, anoche trascendió que Anticorrupción va a pedir hoy que el expresidente de la comunidad autónoma Ignacio González ingrese en prisión.
La tesis sobre la que trabaja el juez es que no sólo la empresa de suministro de aguas Canal de Isabel II fue utilizada para el desvío de fondos destinados a financiar al PP y al lucro personal de los implicados en la operación Lezo, sino que también pudo ser utilizada para los mismos fines la citada Agencia de Informática ICM, rebautizada recientemente como Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Alguna de las pistas utilizadas en la investigación surgen de la agenda que le fue intervenida al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. En algunos de sus apuntes aparecían menciones de fondos que la empresa OHL habría proporcionado a la organización de los populares en la Comunidad madrileña. Lo que se investiga más concretamente es la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid en 2011, en la convocatoria electoral en la que Esperanza Aguirre revalidó su mayoría absoluta.
OHL, que ya había aparecido mencionada en investigaciones anteriores sobre dicha financiación ilegal, negó ayer haber realizado pagos al PP. En octubre pasado, el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, dijo en el juicio sobre esta trama que dicha empresa y ACS y Dragados entregaron comisiones al PP a cambio de adjudicaciones. Sin embargo, cuando se reabrió la investigación no quiso dar más datos. La Guardia Civil quiso interrogar ayer al consejero de OHL, Javier López Madrid, pero se dio la circunstancia de que había viajado a Londres. Tendrá que prestar declaración en cuanto regrese. La última sospecha sobre OHL se refiere al presunto pago de 1,4 millones de euros por un proyecto ferroviario que no llegó a culminar. Parte de dicha suma habría ido destinada a Ignacio González y, paralelamente, otra parte al PP.
En el caso de Indra, su consejero delegado, Javier de Andrés, ya está siendo investigado en el marco de la operación Púnica. El motivo también serían presuntos pagos al PP de Madrid. En el caso de PwC, la Guardia Civil se interesó por diversos contratos y por documentación relacionada con la citada agencia pública de informática de la Comunidad de Madrid. Todos los registros ordenados por el juez Velasco, en definitiva, tienen el común denominador de buscar las raíces de la financiación del PP basada en supuestas comisiones que eran para la organización y también para bolsillos particulares, como los de Ignacio González.
El juez Eloy Velasco envía a la Guardia Civil a las sedes de OHL, Licuas, PwC, Saerco e Indra