Irene Rigau recurre al Tribunal Supremo para seguir como diputada
Joana Ortega e Irene Rigau han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo (TS) por la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por considerar que se trata de una sentencia impulsada por motivos políticos. Además, Ortega pide que se le permita presentarse a elecciones municipales y Rigau continuar de diputada.
El pasado 13 de marzo, la sala civil y penal del Tribunal Supe- rior de Justícia de Catalunya hizo pública su sentencia por la convocatoria de la jornada participativa del 9-N. En el fallo, los magistrados imponían a Mas dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público estatal, autonómico o local, por un delito de desobediencia perpetrado al desoír una providencia del Tribunal Constitucional. Para Ortega, la pena fue de un año y nueve meses y para Rigau, año y medio.
Los tres anunciaron que interpondrían recursos ante el Supremo, al estar en desacuerdo con el fallo. Los abogados de Ortega y Rigau, Rafael Entrena y Jordi Pina, respectivamente, dieron este paso ayer, mientras que el de Mas, Xavier Melero, lo hará la semana que viene.
Los dos escritos tienen puntos en común, pero uno destaca especialmente: en ambos se expone que otras instancias han hecho caso omiso de las instrucciones del TC sin que se les llevara a juicio, por lo cual se produce aquí “un trato absolutamente novedoso, excepcional, diferenciado, que solo parece poder explicarse por la ideología política”, según Pina. Por su parte, Entrena razona que Ortega es objeto de un tratamiento dispar “por la defensa del derecho a decidir y el impulso de un proceso que permitió a la ciudadanía de Catalunya expresarse sobre su futuro político”.
Además, los letrados inciden en que no se dan los elementos necesarios para definir un delito de desobediencia, y que la providencia del TC que motivó la condena no es una resolución judicial, ni era concreta, ni ejecutiva ni existió un requerimiento previo y personal, por lo que no puede hablarse de una voluntad de desobedecer.
Además, tanto Ortega como Rigau solicitan que se modifique la duración y el alcance de las penas impuestas, por considerarse desmesuradas. Así, Entrena señala que, en caso de mantenerse la culpabilidad, la sentencia ha de ser seis meses En cuanto a Rigau, Pina estima que la duración máxima debería ser de un mes y quince días, y que su condición actual de diputada en el Parlament no puede quedar afectada.