Fiscalía en guerra
La política de nombramientos y las decisiones de los nuevos jefes han afianzado el criterio de que el Gobierno se vale de fiscales afines
La Fiscalía vive en estado de ebullición. La operación Lezo, contra el desvío de fondos públicos en la Comunidad de Madrid, ha evidenciado las fuertes tensiones que reinan en la Fiscalía Anticorrupción, convertida en una bomba de relojería política. La sospecha de que el nuevo jefe de esta instancia especializada, Manuel Moix, llegó al cargo por ser más o menos proclive al PP, y por tanto influenciable ante los procesos que afecten a los populares, ha dado pie a una gran batalla política, en la que se pide su cese, el del fiscal general del Estado y los de los ministros de Justicia y de Interior. Todos en el mismo paquete, acusados de desviación de poder por el supuesto auxilio dado a las tramas de corrupción que han corroído los cimientos del PP madrileño.
Esas han sido las repercusiones externas. Pero internamente Anticorrupción atraviesa una situación crítica, derivada de las circunstancias que rodearon el nombramiento de Moix y de las que han acompañado sus primeros pasos en el puesto. Moix, que accedió al cargo en febrero último, siempre fue uno de los candidatos a ocupar esa jefatura, pero no el único. Había otros aspirantes muy bien situados, como Alejandro Luzón, que sonaba para el puesto con la misma o más fuerza, en parte porque procedía de la propia Fiscalía Anticorrupción, en cuya jefatura cesó por jubilación el anterior titular, Antonio Salinas, a finales del año pasado.
Desde el primer momento, Moix dejó muy claro que quería ejercer la jefatura y tenerlo todo bajo control. De ahí, en parte, su enfrentamiento con los fiscales del caso 3% y con los de la operación Lezo. Moix quiere estar informado al detalle y tomar las principales decisiones. Los fiscales de Anticorrupción, sin embargo, habían dispuesto hasta ahora de un alto grado de autonomía.
Ya desde el primer momento, cuando aspiraba a la jefatura de Anticorrupción, Moix dejó muy claro en el programa de actuación que presentó que quería reorganizar esta Fiscalía especializada y asumir la dirección de los asuntos, sobre todo de los que pudieran tener más repercusiones de opinión pública. Dicho de otro modo, los procedimientos con mayor carga política. Tanto en el caso de la operación Lezo como en el del 3% esta concepción del mando en Anticorrupción, y sobre todo las decisiones concretas que Moix ha querido adoptar, han hecho saltar chispas, provocando una rebelión.
Máxime al saberse que el nombre de Moix circulaba entre afectados por investigaciones de Anticorrupción como el que mejor podía convenirles, por tratarse precisamente de alguien que estaba dispuesto a controlar de forma directa la actuación de los fiscales. Así se expresaban, por ejemplo, Ignacio González, hoy en prisión por el caso del Canal de Isabel II, y el exministro Eduardo Zaplana, en una conversación telefónica grabada el pasado mes de enero.
Para entonces, las principales decisiones sobre nombramientos, que se ejecutarían en febrero, ya estaban tomadas. El Gobierno quería sobre todo cambios en las Fiscalías de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Y los obtuvo. El propio fiscal general, José Manuel Maza, fue propuesto para este cargo después de que el Ejecutivo supiera que la anterior fiscal del Estado, Consuelo Madrigal, no iba a propiciar tales relevos. De ahí que para la oposición ahora todo encaje. A Madrigal se le había prometido que seguiría si el PP lograba continuar en el gobierno, después de los dos intentos frustrados de investidura. Pero no continuó. Y luego vinieron los cambios en dichas fiscalías clave. Una secuencia que la oposición en bloque identifica como una operación política de hondo calado para situar a los fiscales en una órbita más próxima a los intereses del Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido a estas críticas con el argumento de que un Gobierno no puede manipular las decisiones de jueces y fiscales. No puede llegar tan lejos, obviamente. Pero la oposición en bloque cree ver confirmados todos sus temores sobre el alineamiento de la Fiscalía con las conveniencias del Gobierno cuando constata, por ejemplo, que tuvo que ser la junta de fiscales de Anticorrupción la que impidiera que Moix reordenara los registros previstos en la operación sobre el saqueo del Canal. Para la oposición, son demasiadas coincidencias.
LOS ANTECEDENTES El Gobierno quería cambios en puestos clave de la Fiscalía y los ha obtenido LAS SOSPECHAS La oposición cree que las decisiones de Moix confirman su proximidad al PP