El cupo y el debate
La audacia del PNV a la hora de negociar los presupuestos generales del Estado con el PP; y el contraste de las ideas entre los dos candidatos a presidir la República Francesa.
EL Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha sabido aprovechar muy bien la debilidad política del Partido Popular (PP) para lograr importantes beneficios económicos para Euskadi al tiempo que, asimismo, garantiza la estabilidad que necesita el país para asentar la senda iniciada de crecimiento y de empleo.
A cambio de los votos de sus cinco diputados a favor del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que de entrada permitirán sumar 175 votos para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, los dirigentes del PNV han negociado un acuerdo de calado. Este incluye una notable rebaja del cupo vasco –lo que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas–, un impulso inversor millonario a las obras del tren de alta velocidad (la “Y vasca”) , el abaratamiento de la tarifa eléctrica para sus grandes empresas, mayores ayudas en investigación y desarrollo, así como una mejora de las competencias en seguridad. El PNV ha cobrado un precio muy alto por sus cinco votos para compensar el desgaste político que le puede suponer hacerse la foto de los presupuestos al lado de un PP marcado por la corrupción.
El pacto, firmado ayer justo media hora antes de que comenzase el debate parlamentario, combina extraños compañeros de cama, ya que también ha sido apoyado por Ciudadanos, un partido que había defendido la supresión del concierto vasco y que, ahora, en virtud de dicho pacto, se refuerza. La apuesta por la gobernabilidad ha llevado a la formación de Albert Rivera a renunciar a sus ideas. Con ello, Euskadi ha logrado estabilidad para su peculiar y ventajoso sistema de financiación. Como ha dicho el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el pacto alcanzado supone “la paz fiscal para quince años”. En este sentido, comporta la liquidación del cupo correspondiente al último decenio, sobre el que había desacuerdo, lo que supondrá la devolución de 1.400 millones por parte del Gobierno central, y el cálculo a partir de este año, que se abarata en 500 millones, y marcará los próximos cinco años.
La inteligente estrategia del PNV, en suma, se ha mostrado más eficaz para Euskadi que la estéril política de confrontación llevada a cabo por los ocho diputados del PDECat, que –en beneficio de Catalunya– podían haber desempeñado un mejor papel si hubieran optado por el pragmatismo, mediante la negociación inteligente, en lugar de haber actuado como convidados de piedra en espera de la evolución del proceso independentista. Catalunya, mientras no se alcance la hipotética independencia, sigue formando parte del Estado y es obligación de los diputados elegidos para el Congreso defender allí sus intereses de la mejor manera posible, como históricamente han hecho.
Dicho lo anterior, sin embargo, hay que poner de manifiesto, una vez más, las enormes dificultades que encuentra Catalunya para la defensa de sus justos intereses ante el resto del Estado. En esta ocasión apenas nadie ha levantado la voz para criticar que Euskadi haya logrado mejorar las condiciones financieras del concierto vasco, que ya eran, de por sí, mucho más beneficiosas que las del resto de las comunidades autónomas. En cambio, cuando Catalunya exige la mejora de su sistema de financiación, que acumula una larga discriminación económica, el clamor de las protestas es unánime en todo el territorio español. Ese mismo clamor se elevó hace relativamente poco cuando el presidente Rajoy anunció inversiones para Catalunya para corregir los enormes déficits acumulados. Este clima de resistencia a toda demanda catalana, por justa y argumentada que sea, explica la desafección creciente hacia el resto del Estado y refuerza a los partidarios de la independencia.