Los fiscales de Anticorrupción quieren limitar el poder de Moix
El Consejo Fiscal deja sobre la mesa la solución del conflicto
El Consejo Fiscal se reunió ayer por la tarde sin proporcionar una solución para el conflicto surgido en la Fiscalía Anticorrupción, cuya plantilla ha firmado sin excepciones un escrito de apoyo a los fiscales del caso del 3%, ante la decisión de apartarlos de este proceso. La salida se ve tan difícil que el único acuerdo adoptado fue el de aplazar a hoy la discusión de medidas concretas para poner fin a las tensiones.
La situación en Anticorrupción es, en todo caso, de gran malestar. Entre los integrantes de esta Fiscalía especializada se está abriendo paso el criterio de que la buena marcha de las tareas en curso sólo estará garantizada si su fiscal jefe, Manuel Moix, limita sus intervenciones.
Fiscales de ideologías dispares, afiliados a asociaciones profesionales divergentes, coinciden en que esta pieza del Ministerio Público debe funcionar con un alto grado de autonomía de sus miembros, sin que la jerarquización de la carrera lleve a conflictos como el que afecta a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo.
Ambos han llevado desde el principio la investigación sobre el caso del 3%, relativo a la supuesta financiación irregular de CDC–, y ahora está en manos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que puedan continuar o no con su labor. En la Fiscalía Anticorrupción también se cita como causa directa del malestar el caso del fiscal Carlos Yáñez, que ha venido actuando en la operación Lezo, contra el saqueo de la empresa
El fiscal general mantiene su apoyo a Moix, a quien acusan en Anticorrupción de abusar de la jefatura
pública Canal de Isabel II, suministradora del servicio de agua y dependiente de la Comunidad de Madrid.
En el primer caso, el que afecta a Grinda y Bermejo, el Consejo tendrá que resolver mañana si les concede el amparo que han pedido ante la denuncia de que presionaron a Rafael Pallardó en el caso Pujol para que declarara contra el expresident de la Generalitat y miembros de su familia. Ambos han protestado ante el hecho de que Moix recibiera a Pallardó y a Higini Cierco –uno de los propietarios, junto con su hermano Ramon, de la banca andorrana BPA, clave en el caso Pujol– sin darles cuenta de esos encuentros, y que luego enviara la mencionada denuncia al Tribunal Superior de Catalunya, para que abriese una investigación, también sin previa audiencia. El contacto con los fiscales afectados no era reglamentariamente obligado, pero su inexistencia refleja la deteriorada relación.
En el caso del choque con los fiscales Carlos Yañez y Carmen García Cerdá en el caso Lezo existe la misma o mayor tensión. Moix quiso reordenar las detenciones y registros que se iban a producir en relación con el saqueo del Canal de Isabel II, y los fiscales encargados del caso se negaron y reclamaron una junta de fiscales que les apoyó. Moix aceptó el criterio mayoritario. Pero los propios integrantes de Anticorrupción creen que no se puede funcionar de este modo. Será difícil, en suma, recuperar la paz en dicha Fiscalía si antes no se logra algún tipo de pacto interno sobre el ejercicio del mando y el grado de autonomía de los fiscales. Moix, en todo caso, sigue teniendo la plena confianza del fiscal general y el apoyo de la Asociación de Fiscales (AF), que le dio sus seis votos en el Consejo para que fuera designado como jefe de Anticorrupción.