Juristas catalanes defienden que la Constitución ampara el referéndum
El independentismo está haciendo lo imposible en las últimas semanas y luchará las próximas para legitimar el proceso soberanista e internacionalizarlo. Ayer hubo dos muestras: la reciente constituida plataforma Juristes pel Referèndum presentó un manifiesto donde defiende que la Constitución ampara el referéndum; al margen, grupos soberanistas entregaron a la ONU un comunicado en el que se insta al organismo internacional a “obligar” al Gobierno español a permitir la celebración del referéndum.
La presentación del manifiesto, firmado por 600 juristas catalanes –entre ellos siete catedráticos y nombres conocidos como Enric Argullol, Joan Queralt y Jaume Asens–, tuvo lugar en el Col·legi d’Advocats de Catalunya. Se asegura que la consulta de autodeterminación tiene cabida en el marco de la Constitución española, porque “al constituir un Estado de derecho y democrático, ofrece las herramientas suficientes para dar salida al conflicto” catalán. Por tanto, los juristas dan “pleno apoyo” a la celebración del referéndum. Es más: los firmantes advierten que una negativa continuada del Estado en esta cuestión “legitimaría abrir otras vías” para que la ciudadanía catalana decidiera su futuro. Los juristas consideran que el referéndum no es tan sólo legítimo, sino también legal, además de “jurídicamente exigible” al Estado.
Por la mañana, también varias entidades soberanistas –entre ellas Esquerres per la Independència y Sobirania i Justícia– anunciaron que remitieron el 21 de abril un comunicado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que dicte una resolución en virtud de la cual se “obligue” a España a no impedir el referéndum y “respetar la voluntad catalana”.
Lidera la iniciativa el abogado Pau Miserachs, quien entregó en la sede europea de la ONU el comunicado de 21 páginas y una extensísima documentación. Tal como explicó en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, los impulsores pretenden que la ONU haga valer, entre otros, su carta fundacional, suscrita en San Francisco el 26 de junio de 1945, que reconoce “sin exclusiones” el derecho a la libre determinación de los pueblos para establecer su condición política.
Grupos soberanistas instan a la ONU a obligar al Estado a permitir la celebración de la consulta