Andorra deshace barreras en los derechos de las personas con discapacidad
EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA MEJORAR LOS DERECHOS DEL COLECTIVO Y PONE EN MARCHA UNA RED DE EMPRESAS INCLUSIVAS.
Gobierno, entidades y empresas son los tres vértices de un triángulo que abre las puertas a la igualdad de derechos
REDACCIÓN
Después de un año de trabajo conjunto, el Gobierno andorrano y las asociaciones han elaborado un texto legislativo con el objetivo de adaptarse al Convenio de las Naciones Unidas relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Una apuesta explícita del país por la igualdad, especialmente en el ámbito laboral, que implica la modificación de otras leyes y que se complementa con la creación de una red de empresas inclusivas para favorecer la inclusión laboral en el mercado ordinario de personas con algún tipo de discapacidad.
El 29 de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley de medidas urgentes para mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Así entraba en trámite parlamentario un texto que se había presentado en el marco del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), celebrado unos días antes. Precisamente el Conadis fue el escenario impulsor, el año pasado, de esta nueva legislación que pretende pavimentar el camino de la aplicación del Convenio de las Naciones Unidas en esta materia. Para hacerlo, el Gobierno y las asociaciones del sector han trabajado conjuntamente durante un año para dar forma a la estrategia del país en clave de inserción laboral de las personas con discapacidad, perfilando y ampliando un texto que se adapta a las disposiciones del convenio citado. El resultado es un proyecto de ley que persigue la igualdad en diferentes ámbitos y que tiene en cuenta especialmente la inclusión laboral de miembros del colectivo en el mercado laboral ordinario, eliminando así cualquier posible discriminación. El texto implica y, de hecho, prevé la modificación de varias leyes que el Gobierno deberá efectuar en un plazo máximo de dos años, como la Ley de accesibilidad o la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Un avance significativo en los derechos de personas que conviven con algún tipo de discapacidad.
UNIÓN DE FUERZAS
En la presentación del anteproyecto de ley, desde la Federación Andorrana de Asociaciones
El texto tiene en cuenta las reivindicaciones y las demandas de las asociaciones representantes del país
de Personas con Discapacidad (FAAD) valoraban el seguimiento realizado durante el año de trabajo con el Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior. Un seguimiento que ha tenido en cuenta las reivindicaciones y las demandas emitidas desde las asociaciones representantes del país. La presidenta de la FAAD, Anna Parramon, destacaba la importancia del nuevo texto como vehículo para lograr la máxima igualdad de derechos y oportunidades. Las entidades que velan por el sector llevan muchos años trabajando día a día para conseguirla, y el último año ha servido de preludio para demostrar que el Gobierno también está implicado. En este sentido, el Conadis sirvió para hacer balance del primer año de aplicación de la estrategia de inserción laboral de las personas con discapacidad dentro del circuito habitual de búsqueda de trabajo, es decir, a través del Servicio de Empleo. Esto ya implicó en su momento la eliminación de la bolsa de trabajo específica y, en consecuencia, de todo tipo de discriminación hacia los miembros del colectivo que buscan trabajo. Una medida que pretendía terminar con la estigmatización en el terreno laboral y que ahora se consolida con la creación de una red de empresas inclusivas que implica directamente al tejido empresarial en este recorrido. Es el complemento del proyecto de ley aprobado.
LA IGUALDAD, EL GRAN RETO
En la presentación, el ministro de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot, definía el proyecto como “ley ómnibus” por los cambios que comportará en el terreno legislativo. Su finalidad principal es regular medidas que no se pueden aplazar más y que se implementen de forma inmediata, para así poder adaptar la legislación básica del país a las pautas que establece el Convenio relativo en los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Este objetivo va sujeto a una serie de modificaciones o nuevos requerimientos que el propio proyecto insta a desarrollar. Así, el Gobierno deberá estudiar y elaborar qué medidas e instrumentos legales aportarán efectividad para trazar el camino que conduzca al objetivo final. Un objetivo formado por un fajo de ramas, ya que el proyecto incluye ámbitos diversos.
UN PROYECTO, MUCHOS OBJETIVOS
El proyecto integra la condición de igualdad por los derechos a las personas con discapacidad y al mismo tiempo define qué obligaciones generales tendrán que adoptar las administraciones públicas para cumplir con el ejercicio tanto de sus derechos humanos como de sus libertades fundamentales. Por otra parte, refuerza la importancia de la accesibilidad para los miembros de este colectivo y profundiza en aspectos vinculados a la inserción escolar; quiere garantizar que los estudiantes con discapacidad tengan las mismas posibilidades y objetivos que el resto. Se podrán cursar estudios de forma inclusiva con programas educativos individualizados en los casos que así lo requieran. Además, implica modificaciones en materia de salud, para fortalecer el derecho a la información y a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Prevé modificaciones también en el ámbito de cotización en la Seguridad Social, así como en cuanto al derecho a acceder a las prestaciones económicas que se emiten desde las administraciones públicas. Otro ejemplo de las novedades que supone este paso legislativo es que considera que se amplíe el periodo de descanso, ya sea por maternidad, paternidad o adopción, en los casos en los que el hijo o el progenitor tengan una discapacidad.
UN TRIÁNGULO EFICIENTE
El hecho de que el proyecto de ley incorpore las aportaciones y los comentarios de las entidades vinculadas al sector denota la fuerte implicación del tejido asociativo y la mano abierta del Gobierno para construir la nueva legislación teniendo en cuenta la raíz de la situación, que es el termómetro más fiable. A esta estrecha relación hay que añadirle un tercer componente. El tejido empresarial se convierte en el último vértice de un triángulo que abre las puertas a la efectividad con la creación de una red de empresas inclusivas que fomenta la ocupación de personas con discapacidad. Es una medida más de las enmarcadas en la estrategia para la inserción laboral que el Gobierno lleva a cabo entre 2016 y 2019, y que nace del Departamento de Empleo y Trabajo. En términos generales, pretende facilitar el acceso al mercado laboral ordinario, pero también persigue su permanencia. Sobre una base que quiere agotar toda estigmatización, el proyecto implica de forma directa a las empresas del país en su objetivo y promueve así la participación conjunta con las administraciones.
La esencia de esta red es poner en contacto a personas con discapacidad que buscan trabajo a través del Servicio de Empleo con
Se prevén modificaciones de la legislación vigente para lograr la igualdad de derechos
empresas que estén interesadas en la contratación de trabajadores del colectivo. La empresa identifica cuáles de sus ofertas pueden adaptarse a las necesidades de personas con discapacidad y el Servicio de Empleo se encarga de recomendar los perfiles más adecuados para que la empresa lleve a cabo un proceso de selección. El apoyo de las orientadoras –se han incorporado dos recientemente– se hace evidente tanto en el proceso previo, acompañando al equipo de trabajo en el que se incorporará el nuevo empleado, como durante la contratación, realizando un seguimiento de la persona contratada en su puesto de trabajo.
Andorra Telecom ha sido la primera empresa en adherirse a la red de empresas inclusivas. Lo hizo el 18 de abril y, gracias al convenio firmado con el Gobierno, dos personas se incorporarán a la compañía para realizar tareas de atención al público y a la agencia comercial. El director de la firma, Jordi Nadal, indicaba que la iniciativa encaja con la política de la empresa, que ya promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad desde hace años. Las dos personas que entrarán a formar parte de Andorra Telecom a través de la nueva red no serán las primeras, puesto que la compañía ya tiene cuatro trabajadores discapacitados en plantilla.
La formalización de esta colaboración da el disparo de salida al proyecto y materializa una de las partes de reacción más directa: una red que nace para potenciar la vertiente de responsabilidad social corporativa del tejido empresarial del país. Sin embargo, el estímulo primordial es favorecer y fomentar la máxima igualdad entre todos los ciudadanos, más allá de sus condiciones personales, deshaciendo todas las barreras cotidianas.